Terrorismo medioambiental: Abinader lo eleva a prioridad de seguridad nacional con penas de hasta 30 años
Un decreto presidencial declara de alto interés nacional la prevención y combate de acciones deliberadas contra ecosistemas, cuencas y bosques, con penas de hasta 30 años de prisión.
El presidente Luis Abinader firmó un decreto que convierte el combate al terrorismo medioambiental en prioridad estratégica de seguridad nacional, equiparando la destrucción deliberada de ecosistemas con una amenaza al Estado dominicano. Quien provoque voluntariamente un incendio en bosques, parques nacionales o nacimientos de ríos se expone a penas de 20 a 30 años de prisión mayor, más multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.
El decreto que cambia las reglas del juego ambiental
La disposición define como terrorismo medioambiental los actos dolosos —individuales, colectivos u organizados, ejecutados por dominicanos o extranjeros— que provoquen daños graves a ecosistemas, recursos naturales o infraestructuras ecológicas estratégicas, cuando generen temor colectivo, afectación masiva a la población o presión indebida sobre las autoridades.
"Estamos preparados para hacer todo lo necesario para proteger nuestro patrimonio natural y aplicar con firmeza las leyes contra quienes lo destruyan", declaró Abinader.
El Ejército, la inteligencia y la justicia, todos en la misma trinchera
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista (CAN) y a la Dirección Nacional Antiterrorista (DAN) a incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas vinculadas al terrorismo medioambiental. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) deberán elaborar conjuntamente una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental.
Esa política apuntará, entre otros objetivos, a identificar organizaciones criminales ambientales, detectar el financiamiento ilícito de actividades depredadoras, prevenir incendios forestales provocados y resguardar infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía eléctrica.
"El agua es seguridad nacional": qué queda protegido
El decreto reconoce como infraestructuras ecológicas estratégicas de la Nación las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, las cuencas hidrográficas, los acuíferos y reservas de agua subterránea, los manglares, humedales y arrecifes coralinos, los sistemas de abastecimiento de agua potable, y los bosques de protección y producción.
El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, fue directo al justificar la medida: "Durante demasiado tiempo hemos tratado los delitos contra el medio ambiente como si fueran delitos menores. Pero cuando se destruye un bosque, se amenaza nuestra agua; cuando se destruye una cuenca, se amenaza nuestra producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria".
Henríquez fue más allá: "El agua es seguridad nacional. Los bosques son seguridad nacional. Las áreas protegidas son seguridad nacional. Y quien atente deliberadamente contra ellos debe saber que tendrá al Estado dominicano de frente".
Minería ilegal, incendios provocados y tráfico de especies en la mira
El decreto señala que esta modalidad de criminalidad compleja puede estar vinculada a redes dedicadas al tráfico ilícito de recursos naturales, la agricultura ilegal dentro de áreas protegidas, la minería ilegal, el comercio ilegal de especies protegidas, los incendios forestales provocados y la ocupación ilícita de áreas protegidas.
Las penas de 20 a 30 años citadas en el decreto provienen del artículo 265, numeral 5, de la Ley núm. 74-25 —el nuevo Código Penal dominicano—, que ya establece esa sanción para quien provoque voluntariamente un incendio en zonas protegidas.
Plataforma de denuncias y ciudadanía como aliada
Como parte de la política, las instituciones competentes habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia, con protección garantizada para denunciantes y colaboradores de buena fe. El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla actualmente una plataforma de fiscalización en fase de prueba que permitirá registrar, georreferenciar y dar seguimiento a cada denuncia.
Henríquez cerró con un mensaje sin ambigüedades: "La naturaleza dominicana no está en venta. No está abandonada. Y no está indefensa. Mientras tengamos la responsabilidad de protegerla, vamos a defenderla con la ley, con las instituciones, con determinación y con toda la autoridad del Estado dominicano".
Los ministerios de Medio Ambiente y Defensa presentarán periódicamente al presidente informes sobre riesgos, amenazas e incidentes, lo que coloca la rendición de cuentas ambiental al mismo nivel que otras materias de seguridad del Estado.
