Corte mantiene prisión preventiva a imputada en el fraude al Instituto Oncológico de Santiago
La Segunda Sala de Apelación de Santiago ratificó los 18 meses de prisión preventiva contra Luisa Yasiris Guzmán, parte de la red desmantelada por la Operación Onco14.
El fraude al Instituto Oncológico Regional del Cibao tiene a otra de sus protagonistas sin salida: la Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santiago ratificó esta semana la prisión preventiva impuesta a Luisa Yasiris Guzmán, imputada en la Operación Onco14, la investigación que desmanteló una red criminal que saqueó recursos destinados a pacientes con cáncer en el Cibao.
El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Guzmán al determinar que persiste el peligro de fuga y que la evidencia acumulada por el Ministerio Público es contundente. La acusada continuará cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva dictados en junio pasado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres.
Una red familiar en el corazón del escándalo
Según el expediente acusatorio, Guzmán operaba la estructura criminal en su condición de presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. A su lado figuran su esposo, Héctor Antonio Lora Cruceta —expresidente del Consejo Directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC—, quien también cumple prisión preventiva, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta y auditora del patronato, actualmente bajo arresto domiciliario.
La acusación fue sostenida en sala por los fiscales Joanna García Rivas, de la Dirección General de Persecución, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago.
Una lista de delitos que no deja margen
El Ministerio Público imputa a la red un catálogo amplio de crímenes: fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos falsos, doble facturación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), entrega incompleta de medicamentos a pacientes, venta de fármacos donados, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales, uso no autorizado de quirófanos para cirugías estéticas, autoasignación de salarios ilegítimos, sabotaje digital y lavado de activos.
Las instituciones afectadas son tres pilares de la salud en el norte del país: el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el propio Senasa, cuyas cotizaciones pagan los trabajadores dominicanos.
¿Qué sigue en el caso Onco14?
Con la apelación de Guzmán rechazada, el proceso avanza hacia la fase de juicio de fondo, donde el Ministerio Público deberá presentar en plenario toda la evidencia que sustenta los cargos. Lora Cruceta y Vargas Sánchez también enfrentan sus propias instancias procesales. La ciudadanía del Cibao, que durante años confió sus enfermos más vulnerables a estas instituciones, espera que el caso llegue a su destino: una sentencia definitiva.
