Abinader declara el terrorismo medioambiental prioridad de seguridad nacional

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 615-26 y convirtió la lucha contra el terrorismo medioambiental en asunto de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado dominicano. La medida aplica en todo el territorio nacional y busca proteger los recursos naturales, los ecosistemas y las infraestructuras ecológicas vitales para el país.

¿Qué es, según el decreto, el terrorismo medioambiental?

La disposición no crea una nueva figura penal. Así lo aclaró el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, durante la presentación oficial: su objetivo es establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, protección ambiental y gestión de riesgos. Para fines de esa coordinación interinstitucional, el decreto define como terrorismo medioambiental los actos dirigidos deliberadamente contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas, aplicando el marco de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

Las infraestructuras que quedan bajo protección especial

El decreto pone bajo protección reforzada una lista concreta de infraestructuras que sostienen la vida cotidiana de millones de dominicanos: sistemas de irrigación, presas, embalses, lagos, canales principales de riego, acueductos y plantas de tratamiento de agua. Según Rivas, estas instalaciones son fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la seguridad de la población.

Cuencas, acuíferos y humedales también en la mira

Más allá de las infraestructuras físicas, el Decreto 615-26 extiende su protección a los activos ambientales estratégicos para la prevención y gestión de riesgos. En esa categoría quedan incluidos las cuencas hidrográficas prioritarias, los acuíferos, los humedales y otros espacios de importancia ecológica para el equilibrio del país.

Coordinación interinstitucional como eje de la medida

Con esta firma, el Poder Ejecutivo no reorganiza el sistema penal, sino que refuerza la articulación entre entidades del Estado para prevenir, detectar, investigar y enfrentar cualquier acción que comprometa los recursos naturales y las infraestructuras ecológicas esenciales. El objetivo declarado es proteger el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la generación de energía y la estabilidad de los ecosistemas dominicanos ante amenazas deliberadas.

El decreto entra en vigor con su firma y corresponde ahora a las instituciones involucradas definir los protocolos operativos de coordinación que exige la nueva normativa. Quedan pendientes los detalles sobre cómo se activará la respuesta interinstitucional ante un caso concreto y qué organismo actuará como ente rector del mecanismo.