Nuevo Código Penal obliga a las empresas en RD a fortalecer su cultura de cumplimiento
La AIRD advierte que el nuevo marco legal introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exige que las compañías vayan más allá de los manuales y protocolos.
El nuevo Código Penal que rige en República Dominicana pone a las empresas ante uno de sus mayores retos en décadas: adaptar su cultura interna al riesgo penal o asumir las consecuencias. Ese fue el mensaje central del Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde el presidente de la entidad, Julio Virgilio Brache, llamó al sector productivo a prepararse a fondo frente a las nuevas exigencias que introduce la legislación, en particular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El cambio más grande en un siglo
Brache calificó la entrada en vigor del nuevo Código Penal como "uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años", al dejar atrás una legislación concebida hace más de un siglo para una sociedad y una economía radicalmente distintas. Desde la perspectiva empresarial, señaló, el cambio merece atención prioritaria.
"La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir", sostuvo el presidente de la AIRD. Las empresas, argumentó, se benefician cuando operan con reglas claras en un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y apegada al debido proceso.
Responsabilidad penal: ya no es solo cosa de personas
El punto que más preocupa al sector industrial es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una dimensión que pocas compañías dominicanas habían gestionado formalmente. Brache explicó que las organizaciones están acostumbradas a manejar cumplimiento regulatorio, tributario, laboral, ambiental y financiero, pero el nuevo marco eleva los deberes de organización, dirección, control y supervisión a otra categoría: la penal.
"No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos. En otras palabras, el cumplimiento debe hacerse parte fuerte de nuestra cultura empresarial", afirmó Brache.
Las preguntas que el sector productivo aún no tiene respondidas
El titular de la AIRD reconoció que un cambio de esta magnitud genera interrogantes concretas para las organizaciones: cómo será aplicada la responsabilidad penal de las empresas, qué se espera de sus órganos de dirección, cuáles serán los estándares razonables de cumplimiento, cómo se determinará que una organización ha establecido controles suficientes y, crucialmente, de qué manera funcionará el régimen para las pequeñas y medianas empresas.
Precisamente esas dudas, dijo Brache, hacen necesario abrir espacios de intercambio entre las autoridades y el sector productivo. Para la AIRD, la implementación adecuada de una legislación de esta trascendencia requiere "información, prevención, orientación y diálogo".
La Procuradora en la mesa con el sector industrial
El evento contó con la participación de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien respondió en un panel —conducido por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols— a diversas inquietudes planteadas por representantes del sector industrial y empresarial. La presencia de la máxima autoridad del Ministerio Público subraya el peso que el Estado le da a este proceso de transición.
Brache cerró con una declaración de principios que resume la postura de la AIRD: "Ese es el país que queremos seguir construyendo: con instituciones fuertes, empresas responsables, competencia leal y confianza para invertir y producir". Lo que sigue ahora es saber si el reglamento de aplicación y los criterios del Ministerio Público darán respuestas claras a las pymes antes de que la ley comience a cobrar víctimas institucionales.
