Sistema de justicia e inversiones: ANEIH exige modernización judicial para atraer capital
El gremio empresarial de Herrera advierte que sin una justicia eficiente e independiente, República Dominicana pierde competitividad ante los inversionistas extranjeros.
El vínculo entre el sistema de justicia e inversiones está en el centro del debate empresarial dominicano. La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) afirmó que el fortalecimiento institucional y la modernización judicial inciden directamente en la capacidad de República Dominicana para atraer capital privado, colocando al Poder Judicial en el corazón del debate sobre competitividad y clima de negocios.
Francis Mateo, primer vicepresidente de la ANEIH, fue directo: una justicia eficiente, moderna e independiente no solo beneficia al sector productivo, sino que también contribuye a fortalecer la convivencia democrática y a garantizar los derechos y las oportunidades de los ciudadanos.
Justicia eficiente, más inversión: el argumento del gremio
El planteamiento de la ANEIH no es nuevo en los foros regionales, pero sí cobra peso viniendo del corredor industrial de Herrera, uno de los más activos del Gran Santo Domingo. Para los empresarios instalados en esa zona, la previsibilidad judicial es un factor determinante a la hora de tomar decisiones de expansión, contratación y financiamiento.
El argumento tiene respaldo de peso: organizaciones multilaterales como el Banco Mundial han documentado que los países con mayor seguridad jurídica y resolución eficiente de disputas comerciales tienden a recibir mayores flujos de inversión extranjera directa. Dicho de otro modo, cuando un inversionista no confía en que sus contratos se cumplirán ni en que sus disputas se resolverán en plazos razonables, simplemente lleva su capital a otro mercado.
El Poder Judicial bajo escrutinio
El llamado de la ANEIH llega en un momento de escrutinio público al Poder Judicial dominicano, cuestionado por la celeridad de sus procesos y por la percepción —dentro y fuera del país— de su independencia institucional. Mateo no precisó medidas concretas ni presentó un cronograma de reformas, pero el posicionamiento del gremio deja claro que el sector privado organizado monitorea de cerca el desempeño del sistema judicial.
La relación entre el sistema de justicia e inversiones es, en efecto, un argumento recurrente en los foros empresariales de la región: los inversionistas extranjeros exigen garantías de que sus contratos serán honrados antes de comprometer capital en un mercado emergente. Sin esas garantías, República Dominicana compite con una mano amarrada frente a destinos que ofrecen mayor certeza jurídica.
¿Posicionamiento o agenda de reforma concreta?
La pregunta que queda sobre la mesa es si este pronunciamiento de la ANEIH derivará en una agenda de reforma articulada con el Poder Judicial o el Ejecutivo, o si quedará como un señalamiento público sin seguimiento. Los próximos pasos del sector privado organizado —y la respuesta de las instituciones interpeladas— serán la prueba de fuego para medir el peso real de este llamado.
