Tráfico ilícito de migrantes a Puerto Rico: cae red que movió 128 personas en dos operativos
Un tribunal de La Altagracia impuso prisión preventiva al organizador de la red y medidas de coerción a tres cómplices. Los imputados enfrentan hasta 30 años de cárcel.

Un tribunal del distrito judicial de La Altagracia impuso medidas de coerción contra cuatro personas acusadas de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico. Los imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), tras operativos que resultaron en la interceptación de 128 personas que intentaban cruzar el mar de forma clandestina.
"El Mello", tres meses preso: el organizador queda detenido
El principal imputado es Vladimir Lajara Aguasvivas, alias "el Mello", señalado como el organizador de la red. El tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva. Sus colaboradores Wiston José Muñoz Rosario y Berto De La Rosa Ortega, vinculados al operativo en el que fueron interceptadas 77 personas, recibieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación usada en la segunda operación, donde fueron detenidas 51 personas, quedó con las mismas restricciones.
La red fue desmantelada gracias a un trabajo conjunto entre la PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico.
Dos operativos, 128 interceptados en alta mar
Las autoridades ejecutaron dos operativos en el marco de una investigación interinstitucional. En el primero interceptaron 77 personas; en el segundo, 51. Todos pretendían llegar de forma irregular a Puerto Rico a bordo de embarcaciones clandestinas. Las investigaciones establecieron que los imputados forman parte de una estructura dedicada a organizar y ejecutar estas travesías, exponiendo la vida de sus ocupantes a los múltiples peligros del mar.
Entre los agravantes del caso figura el intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas prófugas de la justicia, así como a decenas de nacionales haitianos indocumentados en condición migratoria irregular. Esas circunstancias agravan la responsabilidad penal de los acusados conforme a la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Hasta 30 años de cárcel bajo la nueva ley
Si el tribunal determina que aplican todas las circunstancias agravantes, los cuatro imputados podrían enfrentar sanciones de hasta 30 años de reclusión mayor. La ley vigente endurece las penas precisamente para atacar a las estructuras que se lucran organizando estas travesías y poniendo en riesgo vidas humanas.
La Armada de República Dominicana subrayó que estos resultados "evidencian la importancia de la cooperación nacional e internacional para enfrentar las estructuras criminales que se lucran poniendo en riesgo la vida de personas mediante travesías marítimas clandestinas". La institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima en coordinación con el Guardacostas estadounidense.
Advertencia a la ciudadanía: el mar no perdona
Las autoridades cerraron el anuncio con un llamado directo a la población: no arriesgar la vida participando en travesías marítimas clandestinas, y abstenerse de colaborar, financiar o facilitar a organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. Históricamente, estas redes han cobrado vidas y dejado dolor en decenas de familias dominicanas.
El proceso continuará ante los tribunales de La Altagracia. Lo que resta por definir es si el Ministerio Público identifica y somete a otros integrantes de la estructura criminal que, según las investigaciones, sigue operando desde territorio dominicano.



