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Colegio de Abogados exige proceso abierto para elegir jueces de la Suprema Corte

El presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, defiende igualdad de condiciones para todos los aspirantes al máximo tribunal y garantiza que las elecciones internas del gremio se celebrarán pese a los embargos.

Por El Feed Redacción · 3 de septiembre de 2026 · 3 min de lectura
Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, durante declaraciones sobre el proceso de selección de jueces de la Suprema Corte
Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, durante declaraciones sobre el proceso de selección de jueces de la Suprema Corte

El Colegio Dominicano de Abogados lleva su postura al Consejo Nacional de la Magistratura con una exigencia clara: el proceso abierto para elegir jueces de la Suprema Corte debe garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes, sin mecanismos que favorezcan a unos sobre otros. Así lo declaró este jueves Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD, durante su participación en el programa El Sol de la Mañana.

Vidal Potentini advirtió que separar la evaluación de los jueces actuales del proceso general de selección puede distorsionar la composición que manda la Constitución, la cual reserva una proporción de los asientos del máximo tribunal para jueces de carrera y otra para abogados provenientes del ejercicio privado del derecho.

Artículo 180 en el centro del debate

El presidente del CARD citó directamente el artículo 180 de la Constitución para respaldar su argumento. Según explicó, cualquier mecanismo que reduzca la participación de abogados externos a la carrera judicial debe ser revisado antes de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avance en el proceso.

"El gremio ha defendido que la evaluación de los jueces actuales y la escogencia de nuevos magistrados deben hacerse de manera conjunta", sostuvo Vidal Potentini, quien además calificó al CNM como un órgano de naturaleza política —no técnica— debido a que en él participan representantes de los distintos poderes del Estado, tal como ocurre en otros países.

El jurista también puso sobre la mesa una propuesta de reforma: establecer un único período para los magistrados de la Suprema, eliminando la posibilidad de reelección. A su juicio, permitir que un juez sea evaluado para su propia continuidad crea un conflicto de intereses que compromete la independencia del proceso.

Embargos no detienen las elecciones internas del CARD

En paralelo, Vidal Potentini abordó la turbulenta situación financiera del Colegio. Informó que dos embargos que afectaban a la institución fueron levantados, pero que luego fueron interpuestos nuevos procesos judiciales sobre los fondos del gremio. Actualmente, el CARD ha solicitado ante los tribunales que se preserve una cantidad de recursos suficiente para cumplir con sus obligaciones mientras enfrenta esos procesos.

Pese al apretón económico, el presidente del gremio fue contundente sobre las elecciones internas: "Con embargo, sin embargo, nosotros creemos en la democracia", afirmó, señalando que la legitimidad de cualquier representación gremial depende de que exista un proceso electoral.

Acuerdo con las seccionales como punto de partida

Vidal Potentini reveló que nunca se cerró la puerta a la celebración de elecciones y que incluso existe un acuerdo formal con las seccionales del Colegio en el que la realización del proceso electoral figura como el primer punto. Reconoció que la institución trabaja hoy con limitaciones económicas y que ha tenido que gestionar recursos ante distintas entidades mientras los litigios continúan.

El debate sobre la renovación de la Suprema Corte de Justicia sigue abierto. El CNM ya inició entrevistas a los siete jueces en ejercicio para evaluar su permanencia, y distintas voces del sector jurídico —desde Antoliano Peralta hasta Eduardo Núñez— se han pronunciado sobre quiénes deberían encabezar el tribunal. La siguiente fase del proceso determinará si el mecanismo que finalmente adopte el Consejo respeta o no la distribución constitucional que defiende el CARD.

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