Nuevo Código Penal no busca cerrar empresas, aclara Yeni Reynoso ante el sector industrial

El nuevo Código Penal no está diseñado para destruir empresas legítimas: eso fue lo que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fue a dejar claro este jueves ante los industriales dominicanos. La funcionaria habló en el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde el tema central fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas y lo que implica para el sector productivo.

Reynoso fue directa: la disolución de una empresa solo debe aplicarse en casos de gravedad extrema o cuando se demuestre que la compañía fue creada desde el principio para delinquir. "El objetivo principal de la pena es lograr la reinserción social, por eso el objetivo de un proceso penal, salvo en los casos de gravedad extrema, no debe ser el cierre o la disolución de una empresa", afirmó la magistrada.

Las "empresas de carpeta" en la mira, no las formales

La procuradora recordó que República Dominicana ya tiene experiencia sancionando personas jurídicas a través de la legislación contra el lavado de activos. Desde 2020, cerca de 100 empresas han sido disueltas, y según Reynoso, la gran mayoría son compañías de carpeta vinculadas al crimen organizado — estructuras que funcionan como fachadas para actividades ilícitas, sin pagar impuestos, sin generar empleos reales y sin cumplir ninguna obligación legal.

Esas organizaciones, advirtió Reynoso, no solo son una amenaza para la seguridad, sino también para la competencia leal: al operar fuera de la ley, pueden ofrecer productos y servicios a precios artificialmente bajos, poniendo en desventaja a las empresas formales que sí cargan con sus obligaciones tributarias y laborales.

Garantías que trae el nuevo marco penal

La procuradora destacó varias protecciones incorporadas en el nuevo código. Entre ellas, el principio de no duplicidad, que prohíbe juzgar o sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho; el principio de favorabilidad hacia el imputado; y el principio de lesividad, que establece que una conducta solo puede considerarse punible cuando lesiona o pone en peligro real un bien jurídico protegido, como la vida o los bienes de terceros.

La AIRD: más responsabilidad, pero también una oportunidad

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, reconoció que la entrada en vigor del nuevo Código Penal es uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años y tendrá consecuencias directas para el sector productivo. El punto que más preocupa al empresariado es justamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obliga a las compañías a incorporar el concepto de "riesgo penal empresarial" en su gestión diaria.

Brache dejó claro que ya no basta con tener manuales o protocolos de cumplimiento. Las empresas deberán identificar riesgos, establecer controles internos, capacitar empleados, habilitar canales de denuncia, investigar irregularidades y documentar sus procesos de forma rigurosa. "Las empresas necesitamos reglas claras y una aplicación de la ley previsible, proporcional y apegada al debido proceso. La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir", sostuvo el presidente de la AIRD.

Pymes en el radar: el reto de la implementación

Brache consideró que el nuevo escenario representa mayores responsabilidades, pero también una oportunidad para fortalecer la gestión interna, reducir riesgos y proteger la reputación de las compañías. Sin embargo, pidió que la implementación del código vaya acompañada de información, prevención, orientación y diálogo — especialmente para aclarar los estándares de cumplimiento exigidos a las pequeñas y medianas empresas, que no siempre cuentan con los recursos de las grandes corporaciones.

El encuentro, celebrado este 3 de septiembre, reunió al sector industrial dominicano para analizar los efectos que tendrá el nuevo Código Penal sobre las empresas, la competencia leal y el clima de inversión en el país. Lo que queda pendiente es ver cómo los tribunales aplicarán en la práctica estos nuevos estándares — y si las garantías anunciadas por la procuradora se sostienen cuando llegue el primer caso de una empresa formal en el banquillo.