Hombre muestra 66 recibos del BHD para probar que paga pensión alimentaria de su hijo

Rafael Tomás Vargas, conocido como Rafi Ernesto, asegura que paga puntualmente la pensión alimentaria de su hijo y que tiene los recibos para probarlo, pero aun así enfrenta requerimientos judiciales que, según él, le impiden trabajar con normalidad. El conflicto por pensión alimentaria entre Vargas y su expareja Patricia Lara se convirtió esta semana en un caso público luego de que el hombre denunciara presunto hostigamiento en su contra.

"Tengo todos los recibos a mano": la versión de Rafi Ernesto

Vargas habló este martes 22 de septiembre con un equipo de RCC Noticias, tras ser entrevistado en el programa "Juego Damas", y presentó sus comprobantes bancarios del BHD como prueba de sus pagos.

"Yo no le debo un peso. Tengo todos los recibos a mano, todos los del BHD. Cerca de 65 o 66 recibos, todos están aquí", afirmó durante la entrevista.

El hombre sostuvo que las diligencias judiciales en su contra le han afectado tanto en su vida personal como laboral. "Estoy cansado ya de que me persiga, de que me hostigue, de vivir bajo presión, vivir escondido en pocas palabras sin poder trabajar", manifestó. También pidió que el caso sea revisado a fondo y que cesen lo que considera acciones excesivas contra él y su familia.

La abogada de Lara: "Es ejecución de una sentencia, no persecución"

La abogada Anny Guzmán, representante legal de Patricia Lara, rechazó de plano la versión de Vargas. Explicó que las actuaciones realizadas responden a mecanismos legales para hacer cumplir una sentencia judicial, no a una campaña de hostigamiento personal.

"Cuando una persona intima a otra mediante un acto de alguacil, esto no es un acto de persecución, sino de ejecución de una ordenanza, de una sentencia o una resolución", señaló Guzmán. La jurista además cuestionó la falta de evidencia de la supuesta persecución: "Él no ha podido mostrar un solo video de ella persiguiéndolo, una sola llamada, un solo audio, una sola foto, nada de ella persiguiéndolo a él".

El punto de la discordia: el mes de junio

Según Guzmán, la pensión alimentaria fijada por el tribunal es de RD$20,000 mensuales, y el origen del conflicto está en un mes específico que, a juicio de la defensa de Lara, Vargas dejó sin pagar.

"Él debía el mes de junio. Y sin pagar el mes de junio, mandó un comprobante con el mes de julio y luego el mes de agosto", explicó la abogada.

Vargas argumentó que no debía pagar ese mes porque el niño estuvo bajo su cuidado durante ese período. Sin embargo, Guzmán descartó ese razonamiento: "Cuando un juez dispone una pensión de alimentos, eso se tiene que pagar mes por mes indistintamente de si se han pasado las vacaciones o no".

Órdenes de arresto y acusaciones de abuso de poder

Vargas cuestionó la emisión de órdenes de arresto en su contra y las calificó como un abuso de poder. Pidió públicamente que el caso sea investigado con detenimiento. "Yo pido que el señor Félix Portes investigue bien la historia y que se nutra, que por favor no siga arremetiendo contra mí y contra mi familia", expresó.

Guzmán rechazó esas acusaciones y aclaró que las órdenes de arresto fueron autorizadas por las autoridades competentes y que su ejecución corresponde a los organismos policiales, no a los abogados de la parte demandante. "Eso no tiene nada que ver con abuso de poder, tiene que ver con una ejecución de una sentencia", respondió.

El caso sigue abierto con versiones encontradas

Ambas partes mantienen posiciones irreconciliables: Vargas insiste en que cumplió con todos sus pagos y que es víctima de un hostigamiento judicial; la defensa de Lara sostiene que hay meses pendientes y que las acciones tomadas son estrictamente legales. Lo que queda pendiente es que los tribunales determinen si los depósitos presentados por Vargas cubren efectivamente todas las mensualidades exigidas por la sentencia, o si existe la deuda que alega la parte demandante.