Diputados aprueban enseñanza obligatoria de moral y cívica en todos los colegios del país
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto este martes. Si el Senado y el Ejecutivo lo ratifican, todos los planteles, públicos y privados, tendrían que impartir la materia desde inicial hasta secundaria.

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este martes 8 de septiembre de 2026 un proyecto de ley que establece la enseñanza obligatoria de moral y cívica en todo el sistema educativo preuniversitario del país. La medida busca fortalecer los valores ciudadanos y el conocimiento cívico de los estudiantes desde temprana edad.
Qué dice el proyecto y qué materias cubriría
La propuesta tiene como objetivo central fomentar en los alumnos el respeto a la Constitución, los derechos humanos y los símbolos patrios. También apunta a instaurar una cultura de paz y convivencia social, promoviendo la participación democrática y el ejercicio responsable de la ciudadanía.
El contenido de la asignatura incluiría principios éticos y valores morales, los derechos y deberes de los ciudadanos, y un conocimiento fundamental de la Carta Magna y el funcionamiento del Estado. La metodología se basaría en la participación, la reflexión, el análisis crítico y la aplicación práctica de esos conocimientos en la vida diaria.
Públicos y privados, sin excepción
Si el Senado ratifica el texto y el Poder Ejecutivo lo promulga, la ley obligaría a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, a impartir moral y cívica desde la educación inicial hasta la secundaria. No habría excepción por tipo de plantel ni por financiamiento.
El Ministerio de Educación (Minerd) quedaría como el ente responsable de supervisar la correcta implementación de la norma y de capacitar a los docentes para garantizar un aprendizaje efectivo en todo el territorio nacional.
Qué falta para que sea ley
El proyecto aún debe superar dos pasos críticos: la aprobación del Senado y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Hasta que esos dos filtros no se cumplan, la medida sigue siendo una propuesta legislativa, no una obligación vigente. La ciudadanía y los directores de centros educativos privados tendrán que seguir de cerca el trámite en la Cámara Alta para saber cuándo, y si, la norma entra en vigor.



