Sector salud firma compromiso de integridad ante Abinader
La DIGEIG impulsó un acuerdo que amarra a directivos y gerentes de 16 entidades, desde SeNaSa y Sipen hasta cinco hospitales públicos, a auditorías, controles internos y canales de denuncia.
Un compromiso de integridad que abarca desde fondos de pensiones hasta quirófanos de hospital público quedó firmado este lunes con la rúbrica del presidente Luis Abinader. El acuerdo vincula a 16 entidades del sector salud y la seguridad social a un esquema formal de rendición de cuentas, auditorías y mecanismos de denuncia interna, según informó N.com.do.
El documento lleva el nombre de "Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Gerencia Institucional". Lo suscribieron también el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y los representantes de cada organismo involucrado. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) fue quien promovió la iniciativa y quedó como la entidad encargada de dar soporte técnico durante toda la implementación.
Seis ejes concretos, no solo buenas intenciones
El acuerdo no es una declaración genérica: define seis líneas de acción obligatorias para los directivos y sus equipos gerenciales. Primero, asumir el compromiso expreso de combatir la corrupción desde la cúpula. Segundo, mapear los puntos de riesgo dentro de cada institución. Tercero, adoptar políticas de integridad. Cuarto, reforzar controles y auditorías internas. Quinto, abrir canales reales de denuncia. Sexto, capacitar al personal.
Esas seis obligaciones cubren las áreas donde históricamente se concentran las irregularidades: compras y contrataciones, planificación, presupuesto, recursos humanos, tecnología y la prestación directa de servicios al público.
Quiénes quedan comprometidos: de SeNaSa a Cecanot
En el bloque administrativo y financiero entraron el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), SeNaSa, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Superintendencia de Pensiones (Sipen), la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y Promese/CAL, el organismo que centraliza las compras de medicamentos para el Estado.
Del lado hospitalario, el compromiso de integridad recayó sobre cinco recintos: el Sigifredo Alba Domínguez, el Jacinto Mañón, el Vinicio Calventi, el Darío Contreras y el Nuestra Señora de la Altagracia. Se sumó también el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).
El dinero en juego y la pregunta que nadie quiere esquivar
El sector cubierto por este acuerdo maneja miles de millones de pesos cada año. Solo Sipen administra los ahorros de retiro de cientos de miles de trabajadores dominicanos; Promese/CAL concentra las compras de medicamentos con fondos del erario; y hospitales como el Darío Contreras o el Nuestra Señora de la Altagracia atienden a los sectores más vulnerables del país.
Que los gerentes firmen un documento con auditorías y canales de denuncia representa una presión institucional concreta. Lo que el papel no garantiza, sin embargo, es la musculatura real de la DIGEIG para hacer seguimiento ni la protección efectiva de quien decida usar esos canales para reportar un abuso. La ciudadanía y los organismos de control tendrán que vigilar que el compromiso de integridad no se limite a una foto de acto oficial.
