Funcionario amenaza con acciones legales a periodistas por cubrir la frontera
El director de la DIDA, Elías Báez, acusó a Eduardo Sánchez Tolentino y Ricardo Ripoll de arriesgar la seguridad nacional con su cobertura en la zona fronteriza con Haití.
Un alto funcionario del gobierno dominicano amenazó con acciones legales a periodistas que cubrieron la frontera con Haití, encendiendo una alarma sobre la libertad de prensa en el país. Elías Báez, director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), lanzó la advertencia a través de su cuenta en X contra los comunicadores Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como "El Piro", y Ricardo Ripoll, del equipo de Somos Pueblo.
El ataque desde las redes sociales
Báez calificó la cobertura periodística en la franja fronteriza como "una búsqueda irresponsable de notoriedad digital", según recogió Somos Pueblo. El funcionario fue más allá de la crítica: advirtió que si los reporteros fueran retenidos por bandas armadas que operan en esa zona, las autoridades dominicanas se verían obligadas a gestionar un rescate, situación que, según su argumento, "podría desencadenar una guerra innecesaria".
Con esa lógica, Báez sugirió que se evalúen acciones legales contra los comunicadores por supuestamente poner en riesgo la seguridad nacional.
Periodismo de frontera en el ojo del huracán
La declaración del director de la DIDA convierte en blanco judicial a reporteros que hacen exactamente lo que se espera del periodismo: ir donde las cámaras no llegan. La cobertura de Somos Pueblo en la zona fronteriza documenta una realidad que el Estado dominicano tiene dificultades para controlar, y la respuesta de un funcionario no fue transparencia sino amenaza.
El debate que se abre no es menor: ¿puede un reportero ser procesado legalmente por cubrir una zona de riesgo que el propio Estado reconoce como peligrosa? Los organismos de defensa de la prensa en América Latina han advertido en múltiples ocasiones que el uso de figuras como "seguridad nacional" para frenar el periodismo de campo es una de las tácticas más comunes de los gobiernos que buscan controlar la narrativa fronteriza.
La reacción y lo que sigue
Las declaraciones de Báez generaron un amplio debate en redes sociales sobre los límites del periodismo y la respuesta estatal. Ningún cargo formal ha sido anunciado hasta ahora contra Sánchez Tolentino ni Ripoll, pero la sola mención de acciones legales por parte de un director general del gobierno tiene un efecto intimidatorio documentado sobre la prensa.
Lo que está en juego es claro: si el estándar es que un periodista que cubre zona de conflicto merece ir a tribunales, el periodismo de investigación en la frontera dominicana enfrenta un precedente muy peligroso. El país espera ver si el gobierno respalda la postura del funcionario o la desmiente.
