Caso Intrant: Defensa Pública se niega a representar empresa y el proceso podría ir a desacato
La Oficina Nacional de la Defensa Pública rechazó defender a la empresa Improsol, imputada en el caso de presunta corrupción en el Intrant, y el Ministerio Público advirtió que podría activarse una acción por desacato.
El caso Intrant corrupción sumó un nuevo capítulo de tensión judicial este jueves cuando la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) se negó a asumir la representación técnica de la empresa Improsol, imputada en el proceso que investiga una presunta defraudación de más de RD$1,300 millones al Estado dominicano. La negativa generó un enfrentamiento legal que obligó al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a suspender la audiencia.
La situación se originó tras la renuncia de los abogados que representaban a Improsol como persona jurídica. El tribunal ordenó entonces a la Defensa Pública que asumiera su representación, argumentando que la empresa no contaría con recursos para contratar asesoría privada. La ONDP, sin embargo, rechazó la designación alegando que su mandato institucional cubre únicamente a personas físicas que no puedan costear un abogado, no a entidades comerciales.
Ministerio Público advierte con desacato
Ante la desobediencia a la decisión judicial, el Ministerio Público escaló el conflicto. La fiscal Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada contra la Persecución de la Corrupción Administrativa, solicitó al tribunal que advierta formalmente a la ONDP y que evalúe las medidas correspondientes, incluida la figura del desacato.
"El Ministerio Público lo único que ha hecho es pedirle al tribunal que advierta a la Defensa Pública de su error", declaró Ortiz. La fiscal precisó que el Código Penal contempla el tipo penal de desacato para quienes incumplan decisiones emanadas de un tribunal, aunque aclaró que, de activarse esa vía, la acusación tendría que presentarse ante un tribunal distinto al que conoce el proceso principal.
"Lo que nosotros esperamos es que no sea necesario activar ninguna vía de derecho y que la Defensa Pública cumpla con lo establecido por el tribunal", enfatizó Ortiz, dejando abierta la presión institucional sobre la ONDP.
La defensa de Beras también cuestiona la negativa
El impasse no solo molestó al Ministerio Público. La abogada Laura Acosta, integrante del equipo defensor de Hugo Beras —exdirector del Intrant y uno de los principales imputados—, criticó igualmente la postura de la ONDP y señaló que esa decisión provocó un aplazamiento innecesario del proceso.
Las juezas Arlín Ventura, Evelin Rodríguez y Leticia Martínez dejaron constancia de que habían notificado a la coordinadora de la ONDP desde el 20 de agosto para que asignara un defensor a Improsol. Este jueves la intimaron para que en la próxima audiencia comparezca ante el tribunal. La vista quedó reprogramada para el 22 de septiembre.
Más de RD$1,300 millones en juego
El caso Intrant corrupción gira en torno al contrato de la red semafórica del Gran Santo Domingo, por el que el Ministerio Público acusa a los imputados de haber defraudado al Estado en más de RD$1,300 millones. Además de Beras, enfrentan cargos José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, entre otros.
La audiencia del 22 de septiembre será clave: si la ONDP no envía un defensor para Improsol, el tribunal deberá decidir si activa la advertencia de desacato o busca una salida procesal alternativa para no frenar más el juicio. Con más de mil millones de pesos del erario en juego, cada aplazamiento es un costo que paga el contribuyente dominicano.
