Abinader: quien atente contra parques nacionales enfrentará hasta 30 años de cárcel
El presidente firmó el decreto 615-26 y declaró los incendios en parques nacionales como actos de terrorismo medioambiental, con penas de 20 a 30 años de prisión.
Los incendios en parques nacionales serán tratados como terrorismo a partir de ahora. El presidente Luis Abinader firmó el decreto 615-26, que declara el antiterrorismo como tema de alto interés nacional, y advirtió que quienes atenten contra las áreas protegidas del país podrán enfrentar entre 20 y 30 años de prisión bajo el nuevo Código Penal.
"Quien atente contra los parques nacionales será considerado como terrorista", dijo Abinader sin rodeos. La medida aplica tanto a los autores materiales del daño como a los autores intelectuales, si los hubiere.
Incendios en parques nacionales, ahora un crimen de terrorismo medioambiental
El mandatario fue específico: los incendios que afecten los parques nacionales quedan clasificados como actos de terrorismo medioambiental y serán castigados con todo el peso de la ley. No habrá distinción de nacionalidad — la advertencia alcanza tanto a extranjeros como a dominicanos.
El presidente lamentó que hasta ahora los responsables de ese tipo de crímenes pasaban apenas dos o tres días detenidos antes de ser puestos en libertad, sin consecuencias reales. Con el decreto 615-26 en vigor, eso cambia: el mecanismo legal existe y se aplicará, según garantizó Abinader.
Un vacío legal que se cerraba con dos días de arresto
La denuncia presidencial pone en evidencia una falla estructural que durante años permitió que depredadores de los parques nacionales salieran prácticamente impunes. La firma de este decreto busca cerrar ese portillo y enviar una señal de que el Estado tiene dientes cuando se trata de proteger el patrimonio natural del país.
El decreto 615-26 convierte el antiterrorismo en política de alto interés nacional, lo que abre la puerta a investigaciones más profundas y a la persecución tanto de quienes ejecutan el daño como de quienes lo ordenan o financian.
¿Qué sigue?
La implementación concreta dependerá de la coordinación entre el Ministerio Público, la Procuraduría para el Medio Ambiente y las autoridades de seguridad. Lo que queda por ver es cuándo se produce el primer caso procesado bajo esta nueva figura y si el sistema judicial acompaña la voluntad política expresada por el Ejecutivo.
