Decreto 693-24: Frente Amplio advierte que derogarlo amenaza 80,000 empleos y la seguridad alimentaria
María Teresa Cabrera alerta que una apertura acelerada del mercado arrocero podría devastar una cadena productiva que mueve entre 13% y 15% del PIB agropecuario.
La seguridad alimentaria del arroz está en el centro de una nueva batalla política en República Dominicana. El Frente Amplio advirtió este jueves 17 de septiembre que la eventual derogación del Decreto 693-24, que protege la producción nacional de arroz, pondría en riesgo hasta 80,000 empleos directos, más de 50,000 indirectos y la capacidad del país de alimentarse con su propia cosecha.
"No estamos hablando simplemente de una discusión arancelaria. Estamos hablando de defender una estructura productiva que genera empleos, dinamiza las economías rurales y garantiza al país una capacidad fundamental para producir sus propios alimentos", afirmó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.
Los números detrás del arroz dominicano
Cabrera citó cifras del sector arrocero que dimensionan el peso de este cultivo en la economía nacional: más de 30,000 productores activos, alrededor de 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos. El arroz representa entre el 13% y el 15% del PIB agropecuario, una proporción que convierte cualquier sacudida al sector en un golpe directo a las economías rurales de todo el país.
La dirigente describió una cadena de valor extensa que va mucho más allá del agricultor: factorías, transportistas, suplidores de insumos y maquinarias, servicios financieros, almacenamiento y comercialización quedan todos expuestos si la producción nacional cede terreno frente a las importaciones.
¿Arancel más bajo equivale a arroz más barato en la mesa?
Cabrera cuestionó directamente uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la apertura del mercado: que eliminar o reducir aranceles se traduzca automáticamente en un precio más bajo para el consumidor. Según explicó, el costo final del arroz depende también de los precios internacionales, el transporte marítimo, los seguros, el tipo de cambio, los costos portuarios, el procesamiento, la distribución y los márgenes comerciales.
Como evidencia, señaló el caso de Costa Rica, donde en 2022 se redujeron los aranceles al arroz con el objetivo de contener los precios, una experiencia que, a juicio de Cabrera, obliga a evaluar si ese tipo de medidas realmente llega al bolsillo del consumidor antes de sacrificar la producción local.
La desventaja frente a EE.UU.
El Frente Amplio también puso sobre la mesa la desigualdad en las condiciones de competencia. Cabrera señaló que Estados Unidos sostiene a sus productores arroceros con programas de respaldo de precios, préstamos de comercialización y coberturas frente a riesgos agrícolas, mecanismos de apoyo público con los que el agricultor dominicano simplemente no cuenta.
"Sustituir producción dominicana por importaciones no significa únicamente comprar arroz fuera del país; significa también trasladar al exterior una parte del valor agregado, los ingresos y los empleos que hoy se generan en nuestro país", advirtió Cabrera.
Soberanía alimentaria como línea roja
Para el Frente Amplio, el fondo del debate no es técnico sino estratégico: una mayor dependencia de las importaciones dejaría al país expuesto a conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones comerciales, aumento de fletes y variaciones cambiarias.
"Una nación que tiene capacidad para producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad. La seguridad alimentaria también es una cuestión de soberanía nacional", sentenció Cabrera.
Proteger y modernizar, no solo proteger
El Frente Amplio reiteró su oposición a la derogación del Decreto 693-24, pero Cabrera fue cuidadosa en aclarar que defender la norma no equivale a defender el statu quo. El partido planteó que la protección debe acompañarse de una estrategia de modernización que incluya mecanización, investigación, desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos, mejor manejo del agua, financiamiento e infraestructura.
"Defender el Decreto 693-24 no significa defender el atraso. Necesitamos proteger la producción nacional mientras modernizamos aceleradamente el sector para producir un arroz cada vez más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos", concluyó la dirigente. La decisión sobre el decreto sigue abierta, y el debate promete intensificarse en las próximas semanas.
