Ahora necesitas permiso para comprar tecnología digital
El Decreto No. 714-26 crea un reglamento que obliga a todas las instituciones del Ejecutivo a obtener una evaluación técnica antes de comprar plataformas o soluciones digitales, y designa al Ministerio de Administración Pública como árbitro del gasto tecnológico.

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto No. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la infraestructura digital del Estado, con el objetivo de poner fin al desorden en las compras tecnológicas del gobierno. La norma exige que cada institución tenga luz verde del Ministerio de Administración Pública (MAP) antes de contratar plataformas, sistemas o soluciones digitales de cualquier envergadura.
El decreto convierte la infraestructura digital del Estado en asunto de interés estratégico nacional. Eso significa que toda inversión en tecnología que sea compleja, costosa, crítica o compartida entre dos o más instituciones deberá pasar por evaluación técnica previa, articulación interinstitucional y, en los casos que aplique, gestión conjunta.
El MAP se convierte en árbitro tecnológico del gobierno
La normativa designa al MAP como la autoridad de aplicación del reglamento. Bajo ese rol, el ministerio coordinará los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de todas las contrataciones e inversiones digitales estratégicas de la Administración Pública.
El titular del MAP, Sigmund Freund, destacó que la medida "marca un hito en la gobernanza tecnológica nacional al dar un paso fundamental en la erradicación de la fragmentación del gasto e inversiones aisladas en las instituciones del Estado". Esa fragmentación ha sido uno de los males crónicos del gasto tecnológico gubernamental: cada ministerio comprando por su cuenta, sin coordinación ni reutilización de soluciones.
Compras conjuntas, ahorro para el Erario y freno a los monopolios digitales
Entre los puntos más relevantes del reglamento figuran tres medidas con impacto directo en el presupuesto público. Primero, la evaluación previa obligatoria: ninguna entidad del Poder Ejecutivo podrá iniciar un proceso de adquisición de plataformas digitales complejas sin el informe técnico del MAP.
Segundo, las compras conjuntas: apoyado en la Ley de Contrataciones Públicas, el MAP podrá coordinar licitaciones agregadas entre múltiples ministerios, lo que permitirá negociaciones a escala y "ahorros significativos al Erario", según señala el decreto. Tercero, la prohibición de dependencias comerciales exclusivas: el reglamento prohíbe cláusulas contractuales o diseños tecnológicos que aten al Estado a un solo proveedor o que limiten el control directo del gobierno sobre sus propios datos.
Una comisión interinstitucional y reglas para la inteligencia artificial
El decreto crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La norma también regula el uso de inteligencia artificial en las contrataciones públicas. Los sistemas que integren algoritmos o automatizaciones avanzadas deberán operar bajo criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, todas las soluciones tecnológicas contratadas deberán garantizar portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica, para que el Estado pueda cambiar de proveedor sin perder acceso a sus datos.
Qué no cambia y qué sigue pendiente
El reglamento es claro en que sus exigencias no eximen a las instituciones del cumplimiento de las normas de contratación pública, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y responsabilidad fiscal. En otras palabras, se añade una capa de coordinación, pero no se reemplazan los controles ya existentes.
Lo que falta saber es cuánto tiempo tardará el MAP en operacionalizar la estructura, cuántos funcionarios y recursos técnicos tendrá la nueva Comisión Interinstitucional, y si la evaluación previa obligatoria será ágil o se convertirá en un cuello de botella burocrático para proyectos urgentes. Esas respuestas llegarán con la implementación.



