Agentes policiales arriesgan su cargo por pelea con diputada
La Policía Nacional investiga a sus propios agentes tras un altercado con la diputada Millys Johanna Martínez Morillo en un establecimiento de combustible donde supuestamente se vendía alcohol.

La Policía Nacional investiga el incidente con la diputada en Elías Piña que protagonizaron agentes de esa institución y la legisladora Millys Johanna Martínez Morillo, y advierte que los uniformados podrían recibir sanciones disciplinarias si se comprueban excesos en su actuación.
El vocero institucional, Diego Pesqueira, fue el primero en salir a dar la cara. Aclaró que la diputada Martínez Morillo no fue apresada en ningún momento, y que la investigación busca determinar exactamente qué ocurrió entre las partes durante el altercado.
Inspector General viaja a la provincia
La seriedad del caso llevó al inspector general de la Policía Nacional, Martín Tapia Sánchez, a trasladarse personalmente hasta Elías Piña para conducir las pesquisas sobre el terreno, una señal de que la institución no está tomando el asunto a la ligera.
El hecho ocurrió en un establecimiento de expendio de combustible donde, según la investigación preliminar, se vendían bebidas alcohólicas de manera presunta, lo que habría motivado la intervención policial en el lugar.
Qué dijo la Policía
Pesqueira subrayó que se están investigando todas las circunstancias del incidente. "Los agentes involucrados podrían ser sancionados si se comprueban excesos", indicó el vocero, dejando abierta la posibilidad de medidas disciplinarias según lo que arrojen las diligencias.
El caso pone en el centro del debate el protocolo que deben seguir los agentes cuando intervienen en situaciones donde hay funcionarios electos presentes, un tema sensible que mezcla seguridad ciudadana con inmunidad parlamentaria.
Qué sigue
La investigación está en curso y los resultados dependerán de las conclusiones que levante el inspector general Tapia Sánchez desde Elías Piña. Hasta que concluya el proceso, los agentes implicados quedan bajo la lupa institucional y cualquier determinación de exceso podría derivar en acciones formales contra ellos.



