Fraude en Senasa 2.0: cómo robaron RD$41.1 millones con firmas falsas y retornos del 60%
Un exauxiliar de autorizaciones médicas y médicos aliados tramitaron 4,363 autorizaciones irregulares entre 2021 y 2025, drenando más de RD$41 millones del seguro estatal.
El fraude en Senasa 2.0 fue una operación criminal que duró cuatro años, costó más de RD$41.1 millones en fondos públicos y se sostuvo sobre un engranaje preciso: empleados con acceso a bases de datos, médicos dispuestos a firmar reclamaciones falsas y afiliados que nunca supieron que su identidad fue usada para robarle al Estado.
La red operó entre enero de 2021 y febrero de 2025, según la investigación que desembocó en el desmantelamiento del esquema. En ese período se tramitaron de forma irregular 4,363 autorizaciones médicas, todas fabricadas para drenar recursos del seguro médico estatal.
La puerta de entrada: bases de datos e identidades robadas
El esquema comenzaba desde adentro. El imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa, utilizaba su acceso privilegiado a los sistemas internos de la institución para extraer información personal y confidencial de afiliados seleccionados por una razón estratégica: eran personas vulnerables o con bajo historial de uso de su seguro, lo que reducía las probabilidades de que notaran algo raro.
Con esos datos en mano, miembros del entramado llamaban al call center de Senasa suplantando a los pacientes. Para no dejar rastro fácil, usaban identidades ficticias como «Pedro Martínez» o «Ángel Beltré» y solicitaban autorizaciones para procedimientos ambulatorios, consultas especializadas y cirugías menores. Guzmán Vásquez completaba el cuadro usando los códigos oficiales de prestadores de servicios médicos (PSS) de los doctores aliados al esquema, dándole a cada solicitud apariencia de legalidad dentro del sistema.
Diagnósticos inventados y firmas falsificadas
Una vez generadas las autorizaciones, los médicos participantes llenaban los formularios de reclamaciones con diagnósticos y procedimientos que nunca ocurrieron. Luego firmaban y sellaban los expedientes falsificando incluso la rúbrica de los propios afiliados.
Las pericias caligráficas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron las irregularidades en las firmas. Las auditorías aportaron otra evidencia reveladora: el sistema registraba consultas ginecológicas facturadas a nombre de usuarios masculinos, una inconsistencia imposible de justificar médicamente.
El reparto: entre el 40% y el 60% del dinero volvía al origen
El ciclo se cerraba cuando Senasa desembolsaba los fondos. Tras recibir las transferencias de la aseguradora estatal, los médicos retornaban entre un 40% y un 60% del dinero facturado directamente a Guzmán Vásquez y a sus familiares mediante entregas en efectivo o transferencias bancarias.
Para disimular el origen ilícito de los fondos, esas transacciones se registraban bajo conceptos fabricados como «pago a san de madre» o «pago préstamo», una capa adicional de lavado de activos que buscaba borrar el rastro de los recursos sustraídos del erario.
Qué sigue en el caso
El desmantelamiento de la red deja abiertas preguntas sobre los controles internos de Senasa y cuántos afiliados fueron utilizados sin su conocimiento durante los cuatro años que duró el esquema. Las pericias del Inacif y las auditorías internas ya forman parte del expediente, pero la determinación de responsabilidades institucionales, más allá de los imputados individuales, es el capítulo que aún está por escribirse.
