Trabajadores de la construcción marchan para salvar su fondo de pensiones

Decenas de trabajadores de la construcción tomaron las calles este miércoles 14 de octubre para defender su fondo de pensiones. Los manifestantes, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (Fenticommc), marcharon en rechazo a la posible derogación de la Ley núm. 6-86, la legislación que creó el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS).

La ley que está en juego

Promulgada el 4 de marzo de 1986, la Ley 6-86 establece un sistema de protección social diseñado específicamente para los trabajadores del sector de la construcción, garantizándoles pensiones y jubilaciones. Es, en pocas palabras, la única red de seguridad económica que tienen al retirarse de un oficio de alto riesgo físico.

El secretario general de la Fenticommc, Francisco Peralta, fue directo al señalar a los responsables de la amenaza. "Los empresarios quieren quitarnos la Ley 6-86, la ley que ampara a los trabajadores de la construcción. No podemos dejar que nos la quiten, porque la conquistamos desde los años 70 y hemos logrado mantenerla. Ahora esta gente quiere quitárnosla", declaró Peralta durante la marcha.

Cuatro décadas de lucha en juego

Peralta subrayó que esta conquista laboral no llegó de la noche a la mañana: los trabajadores del sector llevan más de cinco décadas peleando por ese fondo de pensiones y lograron mantenerlo vigente a pesar de múltiples presiones a lo largo de los años. Para la Fenticommc, permitir su derogación sería retroceder décadas en derechos laborales.

La organización acusa directamente al sector empresarial de impulsar la eliminación de la ley, aunque hasta el momento no han trascendido detalles oficiales sobre qué mecanismo legal o proyecto específico se utilizaría para derogarla.

Qué sigue

La marcha de este miércoles es la señal de que el conflicto entre los trabajadores de la construcción y el empresariado en torno a la Ley 6-86 escala de presión silenciosa a confrontación pública. Queda pendiente conocer si el Poder Legislativo o el Ejecutivo se pronunciarán sobre el futuro de la legislación y cuáles son los argumentos formales del sector empresarial para promover su derogación.