La firma electrónica cualificada que cambia cómo firmas contratos
Digito, empresa dominicana supervisada por INDOTEL, se presentó formalmente en Santo Domingo con tecnología propia para firmar documentos digitalmente con plena validez legal.
La firma electrónica cualificada llegó al mercado dominicano con un jugador local: Digito, empresa especializada en identidad digital y servicios de confianza, hizo su presentación formal en Santo Domingo ante representantes del sector legal y empresarial del país. La compañía entra a un mercado con marco legal vigente desde hace más de dos décadas, pero cuya adopción real apenas comienza a acelerarse.
El momento no es casual. Contratos, autorizaciones y relaciones comerciales migran masivamente al entorno digital, y la verificación de identidad se convierte en una necesidad operativa para empresas de todos los tamaños. Quienes sigan dependiendo de impresión, traslado, firma manuscrita y escaneo pueden quedar en desventaja frente a competidores que ya operan con herramientas digitales legalmente válidas.
Tecnología propia, supervisada por INDOTEL
Digito desarrolló infraestructura tecnológica propia y opera dentro del marco regulatorio supervisado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Su plataforma combina tres funciones: identificación de las partes, firma de documentos y conservación de evidencia verificable de todo el proceso digital.
La CEO de la empresa, Gabriella Gómez Tolari, explicó cuál es el verdadero problema que quieren resolver: «Durante mucho tiempo la conversación se ha quedado en si podemos firmar digitalmente. Para nosotros la pregunta es mucho más amplia: ¿cómo sabemos que realmente eres tú?, ¿cómo sabemos que ese documento sigue siendo el mismo y cómo podemos demostrar después lo que ocurrió? Ahí es donde empieza la confianza digital, y ese es el problema que queremos ayudar a resolver desde Digito.»
Erika Padován, directora Comercial y de Marketing, amplió el enfoque: «Cuando hablamos de firma electrónica no hablamos solamente de dejar de imprimir. Hablamos de cómo hacemos negocios, cómo contratamos, cómo prestamos servicios y cómo nos relacionamos con nuestros clientes en una economía cada vez más digital.»
El marco legal existe desde hace más de 20 años
República Dominicana cuenta con la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales desde hace más de dos décadas. Lo que se ha acelerado recientemente es su aplicación efectiva en procesos concretos.
A finales de marzo de 2026, el Gobierno autorizó el uso de la firma electrónica cualificada para la aprobación de órdenes de pago a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), con el propósito de reducir tiempos en la gestión administrativa pública. Y mediante la Resolución 50-2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia presentó en julio de 2025 el Reglamento de Aplicación de la Ley 140-15 sobre Notariado, que habilita el uso de documentos y firmas digitales en la función notarial.
Quiénes pueden transformarse primero
Según Digito, los sectores con mayor potencial de adopción incluyen recursos humanos, servicios financieros y seguros, bienes raíces, contratación comercial, autorizaciones internas y gestiones corporativas que requieran identificar a las partes y conservar evidencia verificable. En todos estos casos, la herramienta puede habilitar procesos completamente remotos y reducir fricciones operativas para organizaciones que aún dependen del flujo físico de documentos.
La apuesta de la empresa es que la conversación empresarial dominicana dé un salto: pasar de preguntarse si es posible firmar digitalmente a definir qué procesos de negocio se pueden transformar. «República Dominicana está avanzando hacia una economía cada vez más digital. El próximo paso es lograr que esa transformación llegue a los procesos cotidianos de las empresas y que podamos mover al entorno digital operaciones cada vez más relevantes sin sacrificar seguridad, trazabilidad ni confianza», subrayó Gómez Tolari. Lo que falta por ver es si el mercado privado local responde a la velocidad que el marco regulatorio ya habilita.
