Corte Interamericana condena a Honduras por ignorar derechos garífunas: delegación internacional exige cumplimiento
Más de 30 organizaciones de varios continentes llegaron a Tegucigalpa para respaldar a comunidades garífunas que llevan mes y medio acampadas frente al Poder Judicial.
Los derechos garífunas en Honduras vuelven a la primera plana del escrutinio internacional: una Delegación Internacional de Solidaridad exigió este sábado 19 de septiembre al Estado hondureño el cumplimiento de cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de cuatro pueblos de la etnia garífuna. Mientras tanto, más de un centenar de afrodescendientes mantienen un campamento indefinido frente al Poder Judicial en Tegucigalpa.
Cuatro sentencias sin cumplir
El tribunal interamericano ha condenado a Honduras en cuatro oportunidades por violaciones a los derechos territoriales de comunidades garífunas: Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), todas ubicadas en el Caribe hondureño. Ninguna de esas sentencias ha sido ejecutada plenamente.
"Resulta esencial que el Estado deje de favorecer intereses privados y dé pasos contundentes para el proceso de saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales garífunas, de manera que se garantice su pleno uso", señala el comunicado de la Delegación.
Más de 30 organizaciones de cuatro continentes
La misión llegó el jueves 17 de septiembre a Tegucigalpa para expresar su solidaridad con las comunidades agrupadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Participaron más de 30 organizaciones y medios de comunicación de América Latina, Europa, Estados Unidos y organismos internacionales, además de otras 13 organizaciones que acompañaron la acción a distancia.
La delegación trasladó sus preocupaciones a la representación de la Unión Europea en Honduras, las embajadas de Alemania, España y Francia, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
El Estado hondureño cerró las puertas
El presidente Nasry Asfura, los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y otras instituciones se negaron a recibir a la misión internacional. La única excepción fue una audiencia concedida por dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lograda, según el comunicado, tras presión directa de la Delegación.
"Lamentamos que prácticamente ninguna institución del Estado hondureño recibió a la Delegación a pesar de haber hecho la solicitud en tiempo y forma", indica el documento.
"Este campamento no se levanta"
Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, declaró a EFE que llevan mes y medio acampadas y que han presentado más de 60 acciones ante la justicia sin obtener respuesta favorable. "La única respuesta que recibimos es 'no ha lugar'", afirmó Miranda.
La dirigente denunció que las comunidades con sentencia de la CorteIDH enfrentan "juicios de criminalización, judicialización, persecución y ataques armados de la Policía, junto con los sistemas judiciales", y cerró con un mensaje claro: "Queremos decirles también que este campamento no se levanta, es indefinido".
Qué sigue
La presión internacional continúa activa. Mientras Honduras no ejecute las cuatro sentencias, la CorteIDH mantiene los casos en supervisión de cumplimiento, un mecanismo que puede escalar hasta informes ante la Asamblea General de la OEA. La comunidad garífuna y sus aliados internacionales no dan señales de ceder.
