El Defensor del Pueblo exige control efectivo de cárceles para frenar el crimen organizado
Pablo Ulloa advierte que el 65.5% de los presos están en prisión preventiva y la mitad de los enfermos no reciben atención, mientras reos siguen dirigiendo operaciones criminales desde adentro.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, exigió este viernes 25 de septiembre que el control efectivo de cárceles se convierta en eje central de la política de seguridad ciudadana del país, señalando que personas bajo custodia del Estado siguen dirigiendo delitos, ordenando amenazas y administrando redes de extorsión desde los centros de reclusión.
Las declaraciones se dieron en Santiago de los Caballeros, en el marco de la jornada "Código Penal para la Ciudadanía", parte de la Ruta por la Ciudadanía que impulsa la institución para acercar a la población el conocimiento de sus derechos fundamentales.
Un sistema que no interrumpe el crimen
"La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sus recintos contribuyan a proteger a la sociedad y cumplan su finalidad constitucional", sostuvo Ulloa.
Las cifras oficiales con corte a febrero de 2026 revelan una realidad preocupante: el país tenía 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5% se encontraba en prisión preventiva, es decir, sin condena firme. A eso se suma un estudio propio de la institución que encontró que la mitad de la población reclusa con alguna afección médica no recibe atención adecuada.
"Que cerca de dos de cada tres personas recluidas estén en condición preventiva, muchas sin la atención de salud que la ley les garantiza, exige revisar de forma urgente la duración de los procesos y las condiciones de custodia", expresó el funcionario.
Cuatro medidas concretas sobre la mesa
Para atacar el problema, Ulloa planteó cuatro componentes de acción inmediata:
- Clasificación penitenciaria: separar a los internos según su nivel de riesgo y situación procesal.
- Bloqueo de comunicaciones ilícitas: cortar contactos telefónicos o digitales no autorizados, preservando estrictamente las comunicaciones legales.
- Profesionalización y control: capacitar al personal penitenciario y establecer controles rigurosos de integridad sobre la administración de los recintos.
- Rastreo financiero: investigar las conexiones financieras y las complicidades internas que permiten delinquir desde prisión.
El Defensor del Pueblo anunció que dará seguimiento público al cumplimiento de estas medidas. "La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero. El control efectivo requiere inteligencia, supervisión y consecuencias severas para toda complicidad comprobada", afirmó.
El 58.9% de los homicidios nace de conflictos sociales
Ulloa también puso el foco en la prevención. Citó datos de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que indican que el 58.9% de los homicidios registrados en el país tiene origen en conflictos sociales, no en crimen organizado propiamente dicho.
"Ese dato nos obliga a actuar antes de que una amenaza, una riña o una disputa termine en una tragedia. Necesitamos atención temprana y mecanismos eficientes de solución pacífica de conflictos", señaló.
Reinserción como herramienta de seguridad
El funcionario vinculó su propuesta al artículo 40, numeral 16, de la Constitución dominicana, que orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social, y a la Ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional. Bajo ese marco, planteó ampliar los programas de educación, atención en salud mental, tratamiento de adicciones y formación técnico-laboral dentro de las cárceles.
"La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso del interno a la comunidad. Reducir la tasa de reincidencia es una forma concreta de proteger vidas y evitar nuevas víctimas", puntualizó.
Para cerrar, Ulloa propuso que todas las políticas públicas de seguridad tengan responsables institucionales claros, presupuestos definidos, plazos de ejecución e indicadores públicos que midan la victimización, el esclarecimiento de delitos y los niveles de reincidencia, de modo que los resultados sean verificables para las familias dominicanas.
La Ruta por la Ciudadanía sigue avanzando
Con la parada en Santiago, la Ruta por la Ciudadanía acumula ocho provincias visitadas en aproximadamente un mes, tras recorrer Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y San Cristóbal. La iniciativa continuará extendiéndose por el territorio nacional con la meta de cubrir toda la geografía dominicana.
