Conflicto de interés: 8 legisladores con negocios de juegos de azar votan la ley que los regula
Siete diputados y un senador tienen bancas, loterías o apuestas declaradas en su patrimonio mientras el Congreso aprueba cambios que benefician a operadores ya establecidos.
Ocho congresistas dominicanos están en el centro de un posible conflicto de interés legisladores que pone en entredicho la transparencia del proceso de regulación de los juegos de azar en el país. Siete diputados y un senador declararon en sus patrimonios participaciones, propiedades o vínculos económicos con bancas, loterías y empresas de apuestas — justo mientras el Congreso Nacional aprueba la ley que regulará ese mismo sector.
El hallazgo fue publicado por De Último Minuto a partir de las declaraciones juradas de patrimonio consultadas en fuentes públicas.
La moratoria que protege a los que ya están adentro
La modificación más polémica es la que aparece en el artículo 191 del texto aprobado por la Cámara de Diputados: una moratoria de diez años para la instalación de nuevos establecimientos de juegos de azar. Esa cláusula no existía en la versión que aprobó el Senado.
En términos prácticos, la disposición congela la entrada de nuevos competidores al mercado durante una década, mientras los operadores que ya tienen autorización pueden seguir funcionando sin restricción. Es decir: los que ya están adentro se quedan; los que quieren entrar, esperan diez años.
La coincidencia entre quiénes votaron los cambios y quiénes tienen negocios en el sector es la que enciende las alertas sobre un posible conflicto de interés entre legisladores y la industria regulada.
Los ocho congresistas identificados
Según las declaraciones patrimoniales, los vínculos económicos declarados son los siguientes:
- Eduard Alexis Espiritusanto Castillo (senador, Fuerza del Pueblo): figura relacionado con el Consorcio de Bancas Eduard.
- Domingo Eusebio de León Mascaró (diputado, Fuerza del Pueblo): registra vínculos con el Consorcio de Bancas La Solución y Loteka.
- Sergio "Gory" Moya de la Cruz (diputado, PRM): reporta acciones en La Solución Sport SRL, empresa vinculada a bancas de apuestas.
- Juan Carlos Echavarría Milané (diputado, PLD): aparece como propietario del Consorcio de Bancas Joselito.
- Carlos José Gil Rodríguez (diputado, Fuerza del Pueblo): figura relacionado con el Consorcio de Bancas La Dinámica.
- Orlando Antonio Martínez Peña (diputado, PRM): registra Bancas OM y figura como accionista de Lotedom.
- Melvin Alexis Lara Melo (diputado, PRM): aparece relacionado con Bancas Alex Lara.
- Alexander Javier Cuevas (diputado, PRM): vinculado a Bancas Alex Sport.
En términos de filiación política, cuatro pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres a Fuerza del Pueblo (FP) y uno al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Impuestos que bajan, licencias que se alargan
El proyecto no solo cierra la puerta a nuevos competidores — también le mejora las condiciones a los que ya operan. Entre los cambios más relevantes:
Reducción de impuestos: el artículo 129 rebaja del 5% al 2.5% la tasa impositiva sobre los juegos no acumulativos de las loterías electrónicas y elimina un impuesto adicional del 1% sobre ventas brutas que sí figuraba en la versión aprobada por el Senado.
Licencias más largas para bancas deportivas: los artículos 87 y 89 amplían de cinco a diez años la duración de las licencias de las bancas deportivas. Además, aumentan de diez a quince la cantidad de máquinas tragamonedas permitidas por local y autorizan la comercialización de juegos electrónicos y virtuales.
Renovaciones más baratas y sin corte de operaciones: el artículo 22 establece que renovar una licencia costará menos que instalarla por primera vez, y permite que el negocio siga funcionando mientras la solicitud de renovación está en trámite, aunque haya retrasos administrativos del lado del gobierno.
Voces contra el proyecto
La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (ASONABADE) ha cuestionado públicamente las modificaciones, sosteniendo que el contenido de la iniciativa fue alterado respecto a la propuesta original que el sector conoció.
La Red de Ciudadanos Contra la Corrupción fue más lejos: le solicitó directamente al presidente Luis Abinader que vete la iniciativa y advirtió sobre las posibles consecuencias de una expansión de los juegos de azar y la ludopatía, especialmente en sectores económicamente vulnerables.
Qué dice la ley — y qué no dice aún
La fuente aclara un punto importante: declarar intereses en el sector no es, por sí solo, una irregularidad ni prueba de que los legisladores hayan impulsado los cambios para beneficiarse. Para establecer una participación directa habría que determinar cuáles de ellos integraron comisiones, firmaron informes, propusieron modificaciones o votaron disposiciones específicas relacionadas con sus negocios.
Eso es precisamente lo que la ciudadanía y los organismos de control aún no saben.
El proyecto sigue su curso legislativo. La pregunta que queda en el aire es si el Congreso o el Ejecutivo exigirán que esos ocho legisladores se inhiban de votar sobre una ley que regula el negocio que tienen en casa.
