El Gobierno reserva las compras del Estado a mipymes industriales dominicanas

El Gobierno del presidente Luis Abinader dispuso que las compras del Estado vinculadas a programas sociales sean dirigidas exclusivamente a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales de producción nacional. La medida, contenida en el Decreto 672-26, busca impulsar la economía local y generar empleos al conectar directamente a productores dominicanos con las instituciones públicas que más gastan en bienes de consumo masivo.

El decreto abarca los procesos de compra relacionados con programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares y protección de sectores vulnerables. Las adquisiciones deberán orientarse a productos agroindustriales y manufactureros elaborados en territorio dominicano y adquiridos sin intermediarios, salvo cuando el propio productor autorice por escrito la intermediación.

Quiénes tienen que cumplir el decreto

La lista de instituciones alcanzadas por la norma es larga y de peso. Incluye la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Educación. También quedan comprendidos el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Promese/CAL y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras entidades.

El decreto aclara, sin embargo, que no todas las compras de esas instituciones quedarán sujetas al nuevo esquema: solo las relacionadas con los programas y productos que la norma específicamente contempla.

Procesos competitivos y consulta al registro oficial

Los procesos de compra deberán realizarse mediante procedimientos de selección competitiva conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Antes de reservar una contratación para mipymes industriales nacionales, cada institución tendrá que consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para verificar si existen empresas con capacidad de suministro.

Si no aparecen proveedores que cumplan el perfil, la institución deberá emitir un llamado a manifestación de interés. En caso de que el procedimiento sea declarado desierto en dos ocasiones, la entidad podrá modificar el pliego de condiciones e iniciar un nuevo proceso.

Qué necesitan las mipymes para participar

Las empresas interesadas deberán presentar dos certificaciones: el registro industrial emitido por Proindustria y la certificación MIPYMES otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Las empresas lideradas por mujeres tendrán que contar además con la certificación MIPYMES Mujer.

El decreto también ordena la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esa instancia coordinará la implementación de la medida, dará seguimiento a sus resultados e identificará sectores industriales estratégicos.

Estándares de calidad y vigencia

Los productos adquiridos bajo este esquema deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos en normas y reglamentos técnicos nacionales. Cuando no exista una regulación técnica para un producto específico, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) deberá priorizar su elaboración según su capacidad y disponibilidad presupuestaria.

El Decreto 672-26 entró en vigencia desde su publicación. La clave ahora estará en cómo el Gobierno implementa los controles para que la medida beneficie efectivamente a los productores dominicanos y no se convierta en otra puerta giratoria para intermediarios con conexiones políticas.