El comercio ilícito le cuesta a las empresas y al fisco dominicano
La AIRD respaldó una propuesta para articular el Código Penal con las leyes de lavado de activos y extinción de dominio, con el fin de combatir el contrabando y la falsificación de productos regulados.
El comercio ilícito genera competencia desleal para la industria dominicana, pone en riesgo la salud de los consumidores y recorta los ingresos del fisco, y ahora el sector privado se suma formalmente a la respuesta del Estado. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su apoyo a los esfuerzos de las autoridades para prevenir y combatir el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados durante una reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención.
La propuesta que une el Código Penal con la extinción de dominio
En el encuentro, la AIRD respaldó la propuesta de articular las disposiciones del Código Penal con las leyes de lavado de activos y extinción de dominio, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de perseguir y sancionar estas actividades. La idea es atacar no solo la venta de productos ilícitos, sino también las estructuras económicas que sostienen esas redes.
"Combatir el comercio ilícito es una tarea que requiere el compromiso de las autoridades y del sector privado. Desde la industria, acompañamos estos esfuerzos porque protegen a los consumidores y a las empresas que invierten, generan empleos y cumplen con sus obligaciones", afirmó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Lo que está en juego: recaudación, salud y empleo
La asociación subrayó que el comercio ilícito afecta al menos en tres frentes: crea una competencia desleal que perjudica a las empresas formales, expone a los consumidores a productos sin controles de calidad ni seguridad, y reduce la recaudación fiscal del Estado dominicano.
Pujols añadió que la propuesta permite identificar los recursos generados por estas actividades y, cuando corresponda legalmente, privar a sus responsables de las ganancias obtenidas. "El país cuenta con herramientas legales importantes para enfrentar estas prácticas. La propuesta presentada en el Consejo contribuye a aprovecharlas de manera articulada", declaró.
El Consejo y los rostros detrás del plan
El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención fue establecido por la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito. Lo preside la Procuraduría General de la República y tiene como secretaría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
La AIRD reconoció las recomendaciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y del ministro Eduardo Sanz Lovatón como aportes clave para fortalecer el trabajo interinstitucional. La participación de la industria incluye, concretamente, aportar información sobre productos y modalidades de comercio ilícito que afectan al mercado, para apoyar las labores de prevención, fiscalización y control.
Qué sigue
El Consejo deberá definir los próximos pasos para implementar la articulación legal propuesta. Por ahora, la señal es clara: el sector industrial dominicano no quiere ser espectador, quiere ser parte activa de la solución contra el comercio ilícito que le erosiona mercado, ingresos y reputación.
