Alcalde dominicano de Lawrence acusado de fraude sale libre con condiciones tras comparecer ante tribunal federal
Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero por el supuesto desvío de más de US$1.5 millones en préstamos pandémicos.
El alcalde de Lawrence acusado de fraude, Brian DePeña, salió libre este viernes sin pagar un centavo de fianza — pero encadenado a una lista de condiciones que lo mantienen bajo la lupa de la justicia federal de Massachusetts. La imagen dice todo: uno de los alcaldes de origen dominicano más conocidos del noreste de Estados Unidos, parado ante un tribunal federal respondiendo por el supuesto robo de fondos que debían salvar pequeños negocios durante la pandemia.
Esto no es solo un escándalo político. Es una traición con nombre, apellido y número de cuenta.
Los cargos: fraude electrónico y lavado de dinero
La fiscalía federal le imputa a DePeña fraude electrónico y lavado de dinero vinculados al desvío de más de US$1.5 millones en préstamos pandémicos. Según las autoridades, esos fondos fueron gestionados a través de su empresa Tenaris Tire Services Inc., acogida a los programas federales de ayuda a pequeñas empresas —el PPP y el EIDL— diseñados para proteger empleos y negocios durante el peor momento del COVID-19.
El destino real del dinero, dice la fiscalía, no tuvo nada que ver con nóminas ni con empleados. El gobierno federal alega que DePeña usó esos fondos para financiar su propia campaña electoral, saldar deudas tributarias personales y cubrir hipotecas de propiedades a su nombre valoradas en US$883,293.
Traducción directa: tomó dinero que el gobierno puso para salvar negocios del vecindario y lo convirtió en combustible para su carrera política y en alivio para sus bolsillos.
Las condiciones que le puso el tribunal
El juez no fue generoso. DePeña deberá entregar su pasaporte de inmediato y permanecer dentro del estado de Massachusetts. Está obligado a reportarse periódicamente ante las autoridades de supervisión, tiene prohibido comunicarse con posibles testigos del caso y no puede solicitar nuevos préstamos sin autorización expresa del tribunal.
Sale libre, sí. Pero no sale tranquilo.
Un golpe político de alto impacto para la comunidad dominicana
Brian DePeña no es un funcionario cualquiera. Lawrence es una ciudad con mayoría hispana, y DePeña se había convertido en un símbolo de ascenso político para la diáspora dominicana en Nueva Inglaterra. Su figura representaba la promesa de que un dominicano podía llegar a los puestos más altos del gobierno local en Estados Unidos.
Esa narrativa acaba de complicarse de forma seria. Y la comunidad que lo celebró tiene todo el derecho de sentirse traicionada.
No es el primer caso. El gobierno federal lleva años intensificando las auditorías a préstamos del PPP y el EIDL tras detectar patrones de fraude a escala nacional. Funcionarios locales en ciudades con alta concentración hispana han enfrentado investigaciones similares. El patrón se repite y el patrón incomoda.
Lo que revela este caso sobre el poder y la responsabilidad
Aquí es donde la columna tiene que ser directa: la acusación contra el alcalde de Lawrence acusado de fraude no es solo un problema legal de un individuo. Es una pregunta incómoda sobre los mecanismos de control que rodean a los funcionarios electos en comunidades vulnerables.
¿Quién supervisa cómo los alcaldes de ciudades pequeñas, con mayorías inmigrantes y menos recursos para auditorías, manejan fondos federales? ¿Quién protege a esas comunidades no solo de los de afuera, sino de los propios líderes que eligieron?
La respuesta, en este caso, llegó tarde y desde Washington. No desde Lawrence.
El contrapunto merece consideración: DePeña no ha admitido culpa y su defensa aún no ha respondido públicamente a los cargos. En un sistema de justicia donde la presunción de inocencia es un pilar, sería irresponsable declararlo culpable antes de que el proceso termine. Ese respeto al debido proceso es innegociable.
Pero los hechos alegados por la fiscalía son lo suficientemente graves como para no guardar silencio esperando el veredicto. Un funcionario público que presuntamente convierte fondos de emergencia en herramienta personal merece el escrutinio público desde el primer día de acusación.
¿Qué sigue?
El caso continúa su curso en el tribunal federal. La próxima fecha clave del proceso judicial no ha sido anunciada públicamente. De ser encontrado culpable, DePeña podría enfrentar penas significativas de prisión bajo las leyes federales de fraude y lavado de dinero.
La comunidad dominicana de Lawrence —y la diáspora entera que siguió su carrera con orgullo— merece respuestas. No las del tribunal, que llegarán a su tiempo. Las de los propios líderes políticos que rodean este caso: ¿sabían, sospechaban, o simplemente miraron para otro lado porque era conveniente no ver?
Esa pregunta no tiene fecha de juicio. Pero tampoco puede quedarse sin respuesta.
Fuente: El Diario
