Nicaragua prohíbe a la oposición en elecciones y extiende el mandato de Ortega a 7 años

La reforma constitucional Nicaragua acaba de aprobar es un cerrojo al poder: la Asamblea Nacional sandinista votó este martes de forma unánime una enmienda que prohíbe participar en elecciones a quienes sean calificados como "traidores a la patria" o acusados de haber planeado un "golpe de Estado" — categorías que el gobierno de Daniel Ortega ha aplicado históricamente a casi toda la oposición organizada.

La reforma amplía además el mandato presidencial de seis a siete años y se aplicará retroactivamente a las autoridades actualmente en funciones, lo que extiende el período de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, hasta 2027 sin necesidad de ningún nuevo proceso electoral.

Aprobada "de forma unánime" en sesión especial

"Aprobadas de forma unánime", declaró Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, tras la votación en una sesión especial celebrada en la ciudad de León, a unos 90 kilómetros al noroeste de Managua. La enmienda excluye de los comicios a quienes hayan participado en la "planificación o ejecución" de un golpe de Estado, a los llamados "traidores a la patria" y a quienes soliciten "intervención militar" o "bloqueos económicos" contra Nicaragua.

La reforma fue anunciada por el propio Ortega el 19 de julio pasado, durante el aniversario de la revolución sandinista, y de inmediato generó un amplio rechazo internacional.

El poder de la familia Ortega-Murillo, sin contrapesos

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y retornó al poder en 2007. Desde entonces ha sido reelegido tres veces en procesos electorales cuestionados. En los comicios más recientes, hace cinco años, encarceló previamente a sus principales rivales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó sin competencia real.

La pareja presidencial lleva casi dos décadas gobernando con control absoluto sobre la sociedad nicaragüense, reforzado tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU. Ortega y Murillo catalogaron aquellas manifestaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos, país que a su vez califica al régimen de "dictadura".

Luego de la represión de 2018, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de "traición a la patria". La oposición dentro del país es, en la práctica, inexistente.

La salud de Ortega y la sucesión familiar

Dirigentes opositores en el exilio señalan que la exclusión electoral busca garantizar la sucesión del poder dentro de la familia Ortega-Murillo: el mandatario padece lupus y problemas renales, y la jugada constitucional asegura que ninguna figura externa pueda disputarle el control al círculo íntimo del régimen.

En 2024, una reforma anterior ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo —entonces vicepresidenta— al cargo de copresidenta. Esta nueva enmienda es el segundo gran blindaje constitucional en menos de dos años.

Presión internacional y próximos pasos

La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar. Por iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hace dos semanas convocar una reunión urgente de cancilleres —sin fecha definida aún— para debatir sanciones contra el gobierno de Managua. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó el domingo pasado: "Esperamos que los ministros puedan tomar decisiones individuales, colectivas, para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua".

La reforma constitucional incluye, sin embargo, una cláusula que desconoce la "aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales", un blindaje explícito frente a posibles sanciones externas.

Para entrar en vigor de forma definitiva, la enmienda deberá ser ratificada en la segunda legislatura, que comenzará a inicios de 2027 — ratificación que se da por hecho dado el control total del FSLN sobre el Legislativo. Mientras tanto, una docena de grupos opositores en el exilio acordó en días recientes un plan de transición política que incluye la liberación de presos políticos y la renovación de las instituciones electorales, judiciales, policiales y militares. Si la OEA se reunirá antes de esa fecha y qué sanciones concretas impondrá, sigue sin definirse.