Finjus pide reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional en cinco puntos clave
La organización jurídica avaló el proyecto aprobado por el Senado, pero advirtió riesgos en el régimen disciplinario, el uso de la fuerza y las pensiones por discapacidad.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó la reforma a la Policía Nacional, pero exigió cambios en al menos cinco áreas críticas del proyecto de ley antes de que entre en vigor. La postura la formalizó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, en una comunicación dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
El análisis de Finjus tomó como base el texto de 342 artículos aprobado por el Senado el 10 de julio de 2026, aunque aclaró que algunos de sus señalamientos corresponden a versiones previas del documento.
Lo que Finjus acepta del proyecto
La fundación consideró válido que la reforma establezca nuevas reglas de ingreso, ascenso, permanencia y retiro sin afectar derechos adquiridos. Se apoyó en criterios del Tribunal Constitucional para sostener que las oportunidades futuras dentro de la carrera policial se rigen por las normas vigentes al momento de cumplir los requisitos.
También avaló el retiro durante el período de prueba, siempre que exista evaluación, justificación y mecanismos para presentar objeciones. Y defendió que suspender temporalmente los ascensos de agentes con procesos penales abiertos o sanciones disciplinarias no implica una declaración de culpabilidad ni una pena adicional.
Las cinco alertas que lanzó la organización
Donde Finjus puso el freno es en el destino del 30% de las multas disciplinarias. El proyecto asigna ese dinero a la Inspectoría General, pero la fundación advirtió que mezclar la función sancionadora con el manejo de los recursos generados por las sanciones crea un conflicto de interés. Propuso que esos fondos pasen a una dependencia separada.
La organización también recomendó definir con mayor precisión las faltas disciplinarias y establecer una clasificación más clara sobre el uso de la fuerza, diferenciando entre medios menos letales y aquellos con capacidad potencialmente letal, un punto que el texto actual deja ambiguo.
En materia previsional, Finjus identificó una posible contradicción entre los artículos 92 y 193 del proyecto: un agente con un 50% de discapacidad podría quedar desvinculado del cuerpo sin reunir las condiciones para acceder a una pensión. La fundación pidió armonizar ambas disposiciones y explorar la reubicación del personal afectado en funciones compatibles con su condición.
Pensiones y abogacía, bajo la lupa
Completaron las recomendaciones una revisión del régimen de pensiones en coordinación con la Superintendencia de Pensiones y un ajuste a las normas relacionadas con el ejercicio de la abogacía dentro de la institución policial.
Finjus cerró su comunicación con una postura de fondo: la reforma a la Policía Nacional debe orientarse a fortalecer "una Policía profesional, legítima, transparente y sometida a mecanismos de control". El proyecto está ahora en manos de la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre el texto enviado por el Senado, con o sin las modificaciones que propone la fundación.
