Pedro Jiménez advierte que la prisión preventiva en SeNaSa 2.0 puede ser una condena anticipada
El abogado y periodista advierte que 18 meses de detención cautelar para 25 imputados puede operar como condena anticipada, y pide que la justicia llegue hasta el núcleo de la estructura.
La prisión preventiva en el caso SeNaSa vuelve a dividir opiniones. El abogado y periodista Pedro Jiménez cuestionó esta semana el manejo judicial de la llamada SeNaSa 2.0, la nueva fase de investigación en la que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados y pide que el proceso sea declarado complejo.
La investigación atribuye a una presunta estructura integrada por empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares un fraude de aproximadamente RD$41.1 millones en recursos públicos.
"¿Quién le devuelve ese tiempo?"
Jiménez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, advirtió que en un sistema penal adversarial la prisión preventiva tiene carácter cautelar y no puede confundirse con una condena, porque la culpabilidad solo se establece mediante sentencia tras un proceso con todas las garantías.
"Dieciocho meses de prisión preventiva pueden representar una parte considerable de la vida de una persona. Si al final resulta absuelta, ¿quién le devuelve ese tiempo? Por eso la coerción debe responder a una necesidad procesal real y no convertirse en una condena anticipada", sostuvo el abogado.
El jurista fue claro en que su postura no busca defender a ningún imputado ni frenar las investigaciones. "Quien haya cometido un delito debe responder", afirmó, pero insistió en que la lucha anticorrupción pierde credibilidad cuando la justicia aplica distintos niveles de severidad según la posición política, económica o institucional de los imputados.
Que la investigación llegue al núcleo, no solo a los ejecutores
Jiménez planteó que una investigación contra la corrupción no puede medirse por la cantidad de personas encarceladas, sino por su capacidad de establecer quién diseñó los mecanismos, quién los dirigió, quién se benefició y dónde terminó el dinero público.
"Si existe una estructura, hay que llegar hasta el núcleo de esa estructura. No podemos conformarnos con perseguir a quienes ejecutaron las operaciones mientras quedan fuera del alcance de la justicia quienes pudieron haberlas diseñado, dirigido o financiado", afirmó.
El abogado también cuestionó la figura de la colaboración con la justicia cuando esta se convierte, en la práctica, en una salida privilegiada para determinados responsables. "La colaboración con la justicia es legítima y necesaria cuando permite desmontar una estructura y recuperar recursos públicos. Pero no puede convertirse en una puerta de salida privilegiada para determinados responsables mientras otros terminan pagando las consecuencias más severas", manifestó.
"La sociedad necesita una justicia creíble, no espectacular"
Jiménez señaló que la sociedad tiene derecho a preguntar por qué quienes poseen mayor poder económico o información sobre las estructuras investigadas pueden recibir tratamientos procesales diferentes a los de funcionarios, empleados o dirigentes políticos de menor jerarquía.
"Ni impunidad para los poderosos ni persecución selectiva contra los de abajo", subrayó.
Al cerrar, el periodista y abogado marcó lo que considera el verdadero desafío del caso SeNaSa: determinar hasta dónde llegan las responsabilidades y cuál fue el destino final de los fondos presuntamente defraudados.
"La sociedad no necesita una justicia espectacular; necesita una justicia creíble. Encarcelar a muchos puede producir titulares. Llegar a los verdaderos responsables, recuperar el dinero público y garantizar el debido proceso es lo que produce justicia", concluyó Jiménez.
