Reforma a la ley de competencia: lo que le cuesta al dominicano que no se apruebe
Un juez emérito del Tribunal Constitucional advierte que la Ley 42-08 tiene grietas que permiten abusos de mercado, y pide al Ejecutivo enviar ya el proyecto de reforma al Congreso.
La reforma a la ley de competencia lleva meses esperando en un cajón, y mientras el reloj corre, los dominicanos siguen pagando el precio de un mercado sin los frenos que la Constitución exige. Así lo advierte Rafael Díaz Filpo, juez emérito y primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional (TC), quien pide al Poder Ejecutivo que envíe cuanto antes el anteproyecto de reforma a las cámaras legislativas.
"Un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho resulta inviable si tolera abusos de posición dominante que esquilman el bolsillo popular", escribe Díaz Filpo, con la autoridad de quien pasó sus primeros doce años en el TC garantizando la supremacía de la Constitución, y antes forjó normas en el Congreso Nacional.
Lo que dice la Constitución y lo que pasa en la calle
El artículo 50 de la Constitución dominicana prohíbe de forma tajante los monopolios y cualquier práctica concertada que distorsione el mercado. No es letra muerta: el TC lo ha aplicado dos veces de forma contundente.
En la sentencia TC/0049/13, la alta corte estableció que la libertad de empresa no es absoluta y que el Estado tiene plena potestad para imponer condiciones razonables en los mercados y erradicar distorsiones oligopólicas. Cinco años después, en la sentencia TC/0380/18, el tribunal ratificó las facultades sancionadoras de ProCompetencia, pero también lanzó una advertencia clara: todo el régimen punitivo de la Ley 42-08 debe respetar las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 69 de la Carta Magna.
Las grietas de la Ley 42-08
La Ley 42-08, que regula la competencia en el país, quedó corta. Díaz Filpo identifica tres grandes ausencias que la hacen insuficiente frente al mercado moderno:
- No exige un control previo obligatorio de fusiones que puedan crear oligopolios.
- No cuenta con mecanismos de delación premiada para desmantelar carteles corporativos encubiertos.
- Carece de herramientas para enfrentar las complejidades de la economía digital.
Esas tres omisiones no son tecnicismos jurídicos: son las puertas por donde se cuelan las prácticas que encarecen productos y servicios para el consumidor de a pie.
El proyecto que espera desde febrero
Existe una respuesta concreta sobre la mesa. En febrero de este año, se depositó ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo un proyecto de reforma integral a la ley de competencia. La propuesta apunta a tres objetivos: reforzar la autonomía funcional de ProCompetencia, separar operativamente las funciones de investigación y de fallo para garantizar imparcialidad, y establecer sanciones económicas verdaderamente disuasivas para los infractores más graves.
Díaz Filpo formula su petición con respeto institucional pero sin ambigüedades: pide al Ejecutivo que remita ese anteproyecto al Congreso Nacional "a fin de que el Congreso valore su ponderada aprobación en beneficio de la colectividad". La reforma a la ley de competencia, dice, dotaría al país de un marco moderno que "ampare la economía familiar y afiance la vocación de equidad consagrada en nuestra Ley Suprema".
¿Qué sigue?
La pelota está ahora en el Palacio Nacional. El Ejecutivo debe decidir si envía o no el proyecto a las cámaras legislativas. Hasta que eso ocurra, la Ley 42-08 seguirá siendo el único escudo de los consumidores dominicanos frente a los abusos de mercado, con todas sus grietas al aire.
