¡RD$108 millones en sobornos! Acusan a 14 por contratos de seguridad
El Ministerio Público pide juicio contra exdirectores de seguridad de EdeSur, EdeEste, EdeNorte, Inaipi y SeNaSa por una red que drenaba fondos públicos.
Aquí hay tela que cortar. El Ministerio Público presentó acusación formal por sobornos de más de RD$108 millones para amarrar contratos de seguridad privada en varias instituciones del Estado dominicano.
En total, 14 personas físicas y jurídicas están en el paquete. La instancia se depositó ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
La cifra exacta que manejan los fiscales de la Pepca y de la Dirección General de Persecución: RD$108,080,359.92. Ese dinero, según el expediente, fue exigido y recibido por los encargados de seguridad de las entidades públicas.
¿Cómo movían la plata? De dos maneras: transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo. O sea, cash en mano y depósitos, todo para mantener los contratos vivos.
Entre los acusados figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). También Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.
La lista sigue: Francisco Guarín Fernández Vásquez (exdirector de seguridad del Inaipi), Ramón Quezada Ortiz (Departamento de Seguridad de EdeEste), Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal (ambos exencargados de seguridad de EdeNorte).
Además, Wellington Peralta Santos (exasistente del encargado de seguridad del Inaipi), Luis Ernesto Vicioso Bocio (exdirector de seguridad de EdeEste), Elías Caamaño Pérez (excoordinador de Seguridad Patrimonial de SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
También cayeron las empresas: Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, de Quilvio Rodríguez; y Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, de Bolívar Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Todo arrancó con una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que destapó una red criminal dedicada a estafar al Estado manipulando contratos y exigiendo sobornos.
Según las investigaciones, la empresa Senase pagó sobornos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. En cristiano: llevaban años drenando fondos públicos.
Los funcionarios acusados, que debían supervisar los contratos, en cambio recibían dinero para mantenerlos vigentes, agilizar trámites y dejar pasar todo sin fiscalización real.
Este caso salió a la luz con la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles de la estructura. Los cargos: soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Ahora falta lo próximo: se espera que la jueza coordinadora apodere en las próximas horas un juzgado de la Instrucción para conocer el juicio preliminar. La bola queda en el aire.
