Jueza mantiene prisión preventiva al imputado por fraude en el Oncológico de Santiago

Una jueza de Santiago ratificó este martes 29 de octubre la prisión preventiva contra el principal imputado del caso, Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, en el marco de la Operación Onco14. La magistrada Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, acogió la solicitud del Ministerio Público y mantuvo la medida al determinar que "no han variado los presupuestos que fueron tomados en cuenta para imponerla."

Lora Cruceta lleva 18 meses en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago. La medida fue impuesta originalmente en junio de 2025 y fue ratificada ahora durante la revisión obligatoria que exige la ley.

Esposa y exesposa del imputado también enfrentan medidas de coerción

La misma medida de prisión preventiva fue ratificada para su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien permanece recluida en el CCR Rafey Mujeres. En su caso, la Corte de Apelación de Santiago ratificó la medida este mes a solicitud del Ministerio Público, por lo que la próxima revisión obligatoria quedó fijada para el 2 de diciembre, contando desde el 2 de septiembre, fecha en que se conoció el recurso de apelación.

La exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció de él en 2014 pero luego ocupó la vicepresidencia y ejerció como auditora interna y externa del Patronato, renunció a la revisión de su medida y permanece bajo arresto domiciliario.

Fraude clínico, doble facturación y lavado de activos: el cuadro completo

Según la investigación del Ministerio Público, los imputados y las empresas Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían utilizado múltiples mecanismos para desviar fondos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando directamente a pacientes con cáncer.

Entre las conductas investigadas figuran fraude clínico y farmacéutico mediante cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes. El expediente también contempla la presunta prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.

El caso va más lejos: el Ministerio Público señala el supuesto uso de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos. La investigación indica además que los procesados habrían creado la Fundación Tócate para cobrar al SeNaSa por servicios y medicamentos que no fueron suministrados a los pacientes. El caso fue declarado de tramitación compleja y continúa bajo investigación.

Operación Cobra 2.0-A: 24 más con medidas de coerción

Paralelamente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a 24 arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, investigación vinculada al supuesto desvío de fondos públicos a través del SeNaSa.

Recibieron prisión preventiva por 18 meses Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes cumplirán la medida en el CCR Las Parras, en San Antonio de Guerra. También fueron enviadas a prisión preventiva al CCR Najayo Mujeres: Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista. La revisión obligatoria de estas medidas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.

Otros imputados recibieron arresto domiciliario, mientras que Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo enfrentan una garantía económica de RD$2 millones, impedimento de salida del país y arresto domiciliario. A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía económica de RD$3 millones bajo las mismas condiciones, mientras que José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantía de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica.

Antecedentes: el exdirector del SeNaSa también está en la red

Esta no es la primera línea de la Operación Cobra. El año pasado, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, junto con nueve coimputados más, a quienes se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según la acusación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano. La próxima fecha clave en el caso de Lora Cruceta es el 2 de diciembre, cuando se revisará la medida de coerción de su esposa Guzmán.