Ley de bancas de apuestas blindaría a dueños actuales con monopolio de 10 años
El proyecto aprobado por Diputados prohíbe nuevas licencias por una década y crea descuentos en deudas fiscales — mientras ocho legisladores tienen intereses declarados en el sector.
La ley de bancas de apuestas aprobada por la Cámara de Diputados podría convertir a los dueños actuales de bancas de lotería y juegos de azar en los únicos operadores autorizados del mercado durante los próximos diez años. El artículo 191 del proyecto prohíbe conceder nuevas licencias de instalación en todo el país por una década — con excepción de los casinos en hoteles y zonas turísticas.
En términos concretos: quien ya esté dentro del sistema cuando la ley entre en vigor, puede operar y renovar su licencia. Quien quede afuera no podrá entrar en diez años. El mercado, sencillamente, se cierra.
Más de 71,000 bancas y el Estado sin control
El argumento oficial para justificar la moratoria es la magnitud del sector. Según datos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía incorporados al proyecto, en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas.
La iniciativa sostiene que esa cifra ha hecho prácticamente imposible la fiscalización y plantea detener la expansión para que el Estado pueda depurar, validar, registrar e interconectar los establecimientos existentes. El efecto colateral es que los empresarios que logren incorporarse al nuevo registro tendrían, de hecho, un mercado protegido sin competencia nueva autorizada durante una década.
La prohibición no es automática para todos: el proyecto establece mecanismos de registro, regularización y fiscalización que cada establecimiento deberá cumplir. Pero quienes pasen ese filtro obtendrían una ventaja determinante frente a cualquier potencial competidor. El proyecto también protege expresamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, y permite la renovación de licencias por un período equivalente al originalmente concedido.
Descuentos en deudas fiscales: el Estado no dice cuánto cobra menos
La moratoria no es el único beneficio económico. El artículo 192 crea un "Régimen especial de descuentos" para las deudas acumuladas por atrasos en el pago de impuestos y tasas hasta diciembre de 2025.
La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tendría la facultad de aplicar esos descuentos — basados en la Ley núm. 30-26 del 18 de junio de 2026 — a los operadores que se hayan regularizado y registrado. Aunque el proyecto evita los términos "perdón" o "condonación", la aplicación de descuentos podría resultar en que determinados operadores paguen una suma menor a lo que originalmente adeudan.
Lo que el artículo 192 no dice es cuánto: no especifica el monto total adeudado por el sector, cuántas empresas podrían acogerse al régimen, ni cuánto dejaría de recaudar el fisco. Tampoco identifica quiénes serían los principales beneficiarios una vez se establezcan las condiciones definitivas. Para un proyecto que mueve, según declaraciones de legisladores, más de RD$1,000 millones diarios, esa opacidad resulta llamativa.
Ocho legisladores con intereses declarados en el sector
El debate sobre la ley de bancas de apuestas adquiere otra dimensión cuando se revisa quién legisla. Ocho miembros del Congreso Nacional — siete diputados y un senador — han declarado propiedades, participaciones accionarias o vínculos económicos relacionados con bancas de apuestas, loterías u otros negocios vinculados al sector de juegos de azar.
El proyecto no aclara cómo se gestionarán esos posibles conflictos de interés durante el proceso de aprobación final en el Senado ni en la reglamentación posterior.
¿Qué sigue?
El proyecto aún debe completar su trámite legislativo. Lo que queda por definir — el monto real de las deudas fiscales del sector, las condiciones exactas del régimen de descuentos y los mecanismos de fiscalización — determinará si la ley ordena el mercado o simplemente lo blinda para quienes ya están adentro. El Senado tiene la última palabra.
Con información de deultimominuto.com.
