El director de prisiones de Tennessee renuncia tras una ejecución fallida
Frank Strada dejará el cargo este mes luego de que el estado no logró aplicar la inyección letal a una condenada, en lo que expertos califican como el quinto procedimiento fallido bajo su supervisión desde 2022.
El jefe de prisiones de Tennessee, Frank Strada, renunció este sábado 3 de octubre, tres días después de que el estado no lograra ejecutar a la condenada Christa Pike con dos dosis del fármaco pentobarbital. El gobernador republicano Bill Lee anunció la salida y precisó que Strada dejará el cargo antes de que termine este mes.
En su comunicado, Strada argumentó que apartarse es "lo mejor para los intereses" de los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente ordenada por Lee para determinar qué falló en la cámara de ejecución. "Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria. Espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió", afirmó.
Una falla histórica: la primera sobreviviente de una inyección letal en la historia moderna de EE.UU.
El miércoles 30 de septiembre, Christa Pike, de 50 años, recibió dos inyecciones letales en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, y no murió. Los testigos la escucharon toser y forcejear cerca de una hora después de la primera dosis. Al final del procedimiento, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permanece inconsciente y con respiración asistida, según declararon sus abogados en una presentación judicial. Fue, según los registros, la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que una persona condenada sobrevivió a la administración de los fármacos dentro de una cámara de ejecución.
El anestesiólogo Joel Zivot, asesor de la defensa, explicó que el pentobarbital administrado habría sido letal si hubiera circulado por el torrente sanguíneo. La hipótesis más probable, según Zivot, es que el fármaco se dispersó en el tejido bajo la piel debido a la ruptura de las venas. Pike padece trombocitosis, una condición que genera coágulos y dificulta la inserción de agujas, algo que sus abogados habían advertido al estado en una demanda presentada en enero de 2026. El equipo de ejecución usó al menos siete agujas en los intentos de establecer las vías intravenosas, según reportó la BBC.
Strada llegó a Tennessee con tres ejecuciones fallidas en Arizona a cuestas
Para entender por qué Strada concentró las críticas, hay que remontarse a su etapa anterior. Entre 2020 y 2022, como subdirector de correccionales de Arizona, fue responsable de armar y supervisar los equipos de ejecución y de obtener los fármacos letales, según declaró él mismo en una deposición judicial. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) clasificó tres procedimientos de ese período como ejecuciones "fallidas": en mayo de 2022, el equipo tardó cerca de 40 minutos en encontrar una vena para ejecutar a Clarence Dixon y debió recurrir a una incisión en la ingle; en junio del mismo año, Frank Atwood tuvo que ayudar personalmente a los funcionarios a localizar su propia vena; y en noviembre de 2022, el mismo problema se repitió con Murray Hooper.
Dale Baich, abogado que representó a presos en Arizona durante esa etapa, lo dijo sin rodeos al diario The Guardian: "Si tu trabajo es acceder a venas, deberías poder hacerlo. Para mí, eso indicó que el departamento no seleccionó bien a los integrantes del equipo." Pese a ese historial, el gobernador Lee lo nombró comisionado de las prisiones de Tennessee en 2023.
En Tennessee eliminó entrenamientos y desoyó las recomendaciones de un informe previo
Cuando Lee designó a Strada, Tennessee ya cargaba con problemas propios. Un informe independiente ordenado por el propio gobierno estatal en 2022 había detectado fallas en el protocolo, pruebas insuficientes de los fármacos y lo que el documento llamó un enfoque de "visión de túnel orientado al resultado". Ninguna de las recomendaciones de ese informe se aplicó bajo la gestión de Strada, según los abogados defensores.
Bajo su conducción, el departamento también eliminó un requisito de entrenamiento que existía antes de su llegada: los integrantes del equipo practicaban la inserción de catéteres con solución salina. Kit Thomas, abogada de condenados en el corredor de la muerte, presentó los documentos que lo acreditan y declaró a The Guardian: "Redujo los requisitos de entrenamiento y hemos visto resultados desastrosos." Arizona, en contraste, amplió su equipo y reforzó el entrenamiento después de que Strada se fue, medidas que él no replicó en Tennessee.
El caso de Pike tampoco fue el primero bajo su gestión en ese estado. En mayo de 2026, Tennessee debió cancelar la ejecución de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, porque el equipo no logró localizar una vena apta tras más de una hora de intentos. En una deposición de noviembre de 2025, el propio Strada definió una ejecución exitosa como aquella en que "el condenado es puesto a muerte" y, cuando le preguntaron si había algo más a considerar, respondió: "No."
Una segunda revisión independiente que no convence a los defensores
La revisión independiente anunciada por Lee es la segunda en cuatro años. La primera, la de 2022, no produjo cambios bajo la gestión de Strada. Stephen Ferrell, defensor federal y uno de los abogados de Pike, cuestionó el valor del nuevo proceso: "Nuestras predicciones son minimizadas y, sin embargo, se siguen cumpliendo. Tennessee no debería torturar a sus ciudadanos en nombre de la justicia", declaró en conferencia de prensa, según The Guardian.
Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, exigió transparencia y señaló que tras la ejecución fallida de Carruthers en mayo de 2026 "no hubo ninguna información sobre por qué había salido mal ni ninguna acción correctiva". Tennessee mantiene en secreto la identidad de los integrantes del equipo de ejecución, los proveedores de los fármacos y los procedimientos de control de calidad.
Los abogados de Pike piden ahora la conmutación de su condena. Pike fue sentenciada a muerte en 1996, a los 20 años, por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, crimen que cometió cuando tenía 18. Actualmente permanece hospitalizada, inconsciente y con respiración asistida, mientras la revisión estatal sigue en curso sin fecha definida de conclusión.
