Jean Alain asume su defensa y ataca al Ministerio Público por aplicar ley nueva a proceso viejo
El exprocurador cuestionó ante el tribunal que la fiscalía quiera usar una norma aprobada después de que su caso comenzó. El Caso Medusa involucra un presunto perjuicio de más de RD$6,000 millones al Estado.

El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez tomó personalmente la defensa de su solicitud de extinción de la acción penal este lunes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y disparó contra la estrategia del Ministerio Público de aplicar una disposición del nuevo Código Procesal Penal a un proceso que comenzó años antes de que esa norma existiera.
Jean Alain: aplicar ley nueva a caso viejo es inconstitucional
Rodríguez argumentó que esa interpretación de la fiscalía viola el principio de irretroactividad de la ley, uno de los pilares del debido proceso. La defensa sostiene que el Caso Medusa ha superado el plazo máximo de duración que establece la legislación procesal vigente al momento en que el proceso se inició, lo que obligaría al tribunal a declarar extinta la acción penal.
El Ministerio Público, por su parte, solicitó que el incidente sea rechazado. La audiencia fue recesada por el tribunal sin que se emitiera una decisión, y se espera que continúe en una próxima sesión.
Llamado a la ciudadanía: "estén atentos"
Durante su intervención, el exfuncionario hizo un llamado directo a la ciudadanía para que siga de cerca la decisión del tribunal. Advirtió que, a su juicio, si el tribunal acepta el argumento del Ministerio Público, quedaría sentado un precedente peligroso con implicaciones para otros casos judiciales en el país.
Rodríguez expresó confianza en que las juezas rechazarán el planteamiento de la fiscalía y adelantó que, cuando la audiencia se reanude, continuará presentando los argumentos de su defensa en respaldo de la extinción de la acción penal.
Qué es el Caso Medusa y cuánto dinero está en juego
Rodríguez es el principal imputado en el Caso Medusa, el megaproceso por presuntos actos de corrupción administrativa, desfalco al Estado, sobornos y otras irregularidades cometidas durante su gestión como procurador general entre 2016 y 2020. Según la acusación del Ministerio Público, el perjuicio económico al Estado superaría los RD$6,000 millones.
El expediente involucra también a varios exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría General de la República, a quienes la fiscalía acusa de integrar una estructura dedicada al desvío de fondos públicos mediante contrataciones, compras y pagos irregulares.
Acuerdos y próximos pasos
No todos los imputados han seguido el mismo camino que Rodríguez: parte de los acusados en el Caso Medusa ya admitió responsabilidad y alcanzó acuerdos con el Ministerio Público en el transcurso del proceso. El tribunal deberá reanudar la audiencia para escuchar el resto de los argumentos de la defensa antes de emitir su decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal.



