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El MP revela cómo médicos facturaban consultas falsas en el fraude a SeNaSa

El esquema usaba datos de afiliados con poco historial para pedir autorizaciones, falsificar documentos y cobrar servicios que jamás se prestaron.

Por El Feed Redacción · 21 de septiembre de 2026 · 3 min de lectura
Fiscales del Ministerio Público de República Dominicana presentan expediente del caso SeNaSa 2.0 ante los tribunales
Fiscales del Ministerio Público de República Dominicana presentan expediente del caso SeNaSa 2.0 ante los tribunales

El Ministerio Público reveló los detalles del mecanismo de fraude a SeNaSa que sustenta la Operación Cobra 2.0: un grupo de médicos habría seleccionado estratégicamente a afiliados del Seguro Nacional de Salud con poco historial de atención, solicitado autorizaciones a su nombre y luego facturado consultas y procedimientos que, según la acusación, nunca fueron realizados.

El expediente, presentado como solicitud de medida de coerción, deja claro que el esquema iba más allá de presentar facturas irregulares. Los fiscales detallan que los investigados iniciaban solicitudes de autorización a través del call center de SeNaSa y, una vez obtenidas, completaban el ciclo con documentación presuntamente falsificada para cobrar los servicios a la aseguradora.

Más de 20 médicos bajo investigación

El Ministerio Público identifica entre los médicos investigados a Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros aún bajo investigación.

Los fiscales sostienen que estos profesionales actuaron en asociación con Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otras personas investigadas.

Los propios afiliados dicen que nunca recibieron los servicios

Uno de los pilares de la investigación son las entrevistas a los afiliados cuyos nombres aparecen en las reclamaciones. En el caso atribuido al doctor Víctor Felipe Rodríguez García, al menos ocho afiliados contactados declararon no reconocer los servicios médicos cobrados a SeNaSa a su nombre.

El patrón se repite con otros imputados. La afiliada Martha Isabel Mejía Ramos dijo no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial aparecía una consulta especializada con ella, y también desconoció a otros médicos investigados que figuraban en su expediente. El afiliado Rafael Aníbal Rivas tampoco reconoció consultas y servicios registrados a su nombre con varios de los médicos investigados.

Peritajes del Inacif detectan firmas que no coinciden

El expediente incorpora peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre las firmas en formularios de reclamaciones. En reclamaciones atribuidas a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, varios informes periciales determinaron que las firmas colocadas a nombre de afiliadas no se correspondían con sus rasgos caligráficos. Una de esas afiliadas había sido paciente de la especialista durante su embarazo, pero negó haber recibido parte de los procedimientos que se reclamaron posteriormente a SeNaSa.

Qué dice el Ministerio Público y qué sigue

El Ministerio Público sostiene que la combinación de autorizaciones obtenidas mediante el call center, reclamaciones por servicios supuestamente inexistentes, documentación cuestionada y movimientos financieros revela un método repetido entre diferentes profesionales. Las auditorías internas de SeNaSa habrían sido las que permitieron detectar el patrón.

Todos los imputados conservan su presunción de inocencia. Las imputaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción deberán ser probadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial que está por desarrollarse en los tribunales.

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