Confenagro advierte que derogar el decreto arancelario del arroz golpea a 30,000 productores
La organización pide al Gobierno medidas de protección para el sector arrocero y exige transparencia sobre la decisión, que llegó a petición de Estados Unidos bajo el DR-CAFTA.
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) lanzó este martes 6 de octubre una advertencia directa al Gobierno: derogar el Decreto 693-24, que imponía aranceles a las importaciones de arroz, representa un golpe directo para los 30,000 productores nacionales del cereal y para más de 300,000 empleos directos e indirectos que dependen de ese sector.
La organización hizo el llamado mediante un comunicado en el que exige explicaciones, transparencia y medidas concretas de protección antes de que las próximas cosechas queden desprotegidas.
¿Por qué el Gobierno derogó el decreto?
La presión no vino de adentro. Fue la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) la que solicitó al Gobierno dominicano eliminar el Decreto 693-24, argumentando que las medidas arancelarias incumplían las obligaciones de acceso al mercado establecidas en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.
El decreto, identificado como 693-24, había sido creado precisamente para poner un freno a las importaciones de arroz y proteger la producción local. Su derogación abre la puerta a una entrada de arroz extranjero sin las barreras que el sector productivo consideraba su principal línea de defensa.
Confenagro exige documentos y una mesa de trabajo
Confenagro no solo protestó: puso condiciones. La organización exigió que el Gobierno aclare si la derogación estuvo precedida por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), tal como el propio decreto requería, y que se hagan públicos todos los documentos que sustentaron la decisión.
Además, pidió que se convoque de inmediato una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance real de la medida y definir reglas claras para las próximas cosechas. El foco de la preocupación es claro: las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades enteras que viven del arroz dominicano.
Un sector que espera desde hace 22 años
La organización aprovechó la coyuntura para recordar una deuda histórica. Confenagro planteó la necesidad de poner en marcha, 22 años después de la firma del DR-CAFTA, un programa integral de transformación del sector arrocero que incluya mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y apoyo a la comercialización, con atención especial a los pequeños y medianos productores.
El mensaje es que la apertura comercial que exige el tratado debió haberse acompañado, desde el principio, de inversión real en la competitividad del campo dominicano. Ese acompañamiento nunca llegó con la fuerza necesaria.
Qué sigue
El Gobierno aún no ha respondido públicamente a las exigencias de Confenagro ni ha explicado si el Conassan emitió la recomendación que el decreto exigía antes de ser derogado. La presión del sector productivo sobre el Poder Ejecutivo seguirá creciendo conforme se acerquen las próximas temporadas de siembra y cosecha, cuando el impacto real de esta decisión se hará sentir en los bolsillos de los agricultores dominicanos.
