Los grandes casos de corrupción pelean contra el reloj de la extinción

Los grandes casos de corrupción que han sacudido la justicia dominicana enfrentan hoy una batalla que va más allá de la culpabilidad o inocencia: el paso del tiempo. Coral, Coral 5G, Medusa y Calamar acumulan años de investigaciones, audiencias, recusaciones, cambios de abogados y recursos procesales, y ese historial ha convertido la extinción de la acción penal en el nuevo frente de guerra dentro de los tribunales.

Las defensas sostienen que la prolongación de estos procesos vulnera el derecho constitucional de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. El Ministerio Público replica que la duración de un expediente no puede medirse mirando únicamente el calendario, sino considerando la complejidad del caso, el número de acusados, el volumen de pruebas y las actuaciones que han generado demoras. Hasta ahora, los tribunales han dado la razón al Estado, pero el debate no cierra.

Para dar escala al fenómeno: en los últimos cinco años, 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana, y 7,825 terminaron con decisiones de extinción de la acción penal en tribunales de primer y segundo grado, según datos atribuidos a la Suprema Corte de Justicia.

Coral y Coral 5G: sentencia dictada, batalla legal sin terminar

La Operación Coral arrancó el 24 de abril de 2021 y fue ampliada con el expediente Coral 5G. Ambos procesos se unificaron y, tras una extensa audiencia preliminar, el 10 de julio de 2023 se dictó auto de apertura a juicio. El juicio de fondo comenzó el 27 de junio de 2024 ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Las cifras hablan solas: 36 acusados, 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 periciales, 114 materiales y 121 audiencias. Con ese peso encima, las defensas de Erasme Roger Pérez Núñez, Adán Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, entre otros, solicitaron la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo. El tribunal rechazó los planteamientos al considerar que la magnitud del expediente impedía reducir la discusión a una simple suma de años.

El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado emitió el dispositivo de la sentencia, con condenas de hasta 20 años de prisión para algunos procesados, entre ellos Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou. Sin embargo, al 3 de septiembre de 2026, la lectura íntegra de la sentencia permanecía pendiente y había sido reprogramada para el 23 de septiembre. El factor tiempo seguía siendo objeto de discusión jurídica incluso después del fallo.

Medusa: el tribunal reconoce el exceso, pero rechaza la extinción

El caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez, llegó al punto donde el propio tribunal reconoció que el plazo legal había sido excedido, pero se negó a declarar la extinción. El Segundo Tribunal Colegiado fijó como inicio del cómputo el 25 de noviembre de 2020, fecha en que una alerta migratoria impidió a Rodríguez salir del país, y calculó que habían transcurrido aproximadamente cinco años, ocho meses y 17 días.

La acusación del Ministerio Público supera las 12,000 páginas y contiene más de 3,500 elementos de prueba. Se le imputa a Rodríguez encabezar un presunto entramado de corrupción que habría provocado pérdidas superiores a RD$6,000 millones. La audiencia preliminar comenzó en agosto de 2022 y estuvo marcada por aplazamientos, recusaciones y cambios en las defensas. El expediente fue enviado a juicio de fondo en junio de 2024, pero el proceso tuvo que reiniciarse con una nueva composición judicial tras una recusación.

El 17 de agosto de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado rechazó la solicitud de extinción de la defensa de Rodríguez. Las juezas determinaron que el vencimiento del plazo no produce automáticamente la extinción y que era necesario valorar las circunstancias que incidieron en la duración: complejidad del expediente, aplazamientos, recusaciones, recursos y cambios de abogados. Otros acusados, entre ellos Alfredo Alexander Solano Augusto y Ramón Lucrecio Burgos Acosta, también presentaron solicitudes similares mientras el proceso continúa su curso.

Calamar: el pleito empieza por decidir desde cuándo corre el reloj

El expediente Calamar añade otra capa al debate: antes de determinar si el plazo venció, las partes deben ponerse de acuerdo en desde cuándo empezó a correr. La operación fue presentada públicamente en marzo de 2023, pero varias defensas sostienen que el cómputo debe comenzar en febrero de 2022, cuando alegan que se produjeron actuaciones que afectaron bienes de personas investigadas.

Si el plazo corre desde febrero de 2022, en febrero de 2026 ya se habrían cumplido cuatro años. Si arranca en marzo de 2023, el escenario jurídico cambia por completo. El 29 de mayo de 2026, la jueza Altagracia Ramírez rechazó las solicitudes de extinción y permitió que el proceso avanzara a juicio de fondo. En esa etapa, 35 personas fueron enviadas a juicio, mientras otras cinco recibieron autos de no ha lugar, entre ellas José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

La controversia volvió a cobrar fuerza el 2 de septiembre de 2026, cuando la defensa del abogado y exfuncionario Ángel Lockward solicitó nuevamente la extinción ante el Tercer Tribunal Colegiado. El expediente incluye, entre otros, al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, al exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, al excontralor Daniel de Jesús Caamaño, al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo y al exsenador Rafael Calderón Martínez, cuyo expediente fue separado del caso principal por razones de salud. El proceso permanece activo.

El debate que no cierra: ¿cuándo el tiempo se vuelve injusticia?

El abogado penalista Jean Cristofer Pérez plantea que la extinción por vencimiento del plazo máximo no debe resolverse con una operación matemática. A su juicio, el juez debe identificar las causas que provocaron la demora y determinar si son atribuibles a la inactividad del Estado o a incidentes y actuaciones procesales de las propias partes.

"No todo recurso presentado por un imputado puede ser considerado automáticamente una maniobra dilatoria", advirtió Pérez, recordando que el ejercicio legítimo del derecho de defensa es, precisamente, una garantía constitucional.

Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar tienen orígenes, dimensiones y etapas procesales diferentes, pero convergen en una misma disputa: qué efecto debe producir el paso del tiempo sobre la persecución penal cuando los expedientes son de una complejidad sin precedentes. Lo que queda pendiente es si los tribunales mantendrán ese criterio en las próximas audiencias o si alguno de estos procesos termina siendo la primera prueba de fuego en la que la defensa logre lo que hasta ahora no ha conseguido.