EE.UU. usará bases militares dominicanas para combatir el narcotráfico
Abinader anunció una ampliación temporal de la cooperación con Washington que incluye acceso a una base y un aeropuerto dominicano para reforzar la vigilancia aérea y marítima.
Estados Unidos podrá usar bases militares de República Dominicana como parte de un acuerdo de cooperación ampliado para combatir el narcotráfico, anunció el presidente Luis Abinader. El convenio, de carácter temporal, le permitirá a Washington reforzar la vigilancia aérea y marítima desde territorio dominicano.
Qué incluye el acuerdo de cooperación
El acuerdo le abre la puerta a las fuerzas estadounidenses para operar desde una base y un aeropuerto en el país con el objetivo explícito de combatir el tráfico de sustancias controladas. Abinader presentó la medida como una ampliación de la cooperación bilateral ya existente entre ambas naciones, enfocada esta vez en el control del espacio aéreo y las aguas que rodean la isla.
La vigilancia aérea y marítima es clave en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, una ruta históricamente usada por los cárteles para mover sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa. República Dominicana ocupa una posición geográfica estratégica en esa cadena.
Cooperación temporal con alcance estratégico
El carácter temporal del convenio no resta peso a su importancia: permite a los militares de EE.UU. desplegar activos de inteligencia y vigilancia desde suelo dominicano, algo que amplía significativamente la capacidad de intercepción en la región. Los detalles operativos del acuerdo, incluyendo los plazos exactos, no fueron detallados en el anuncio público.
Este tipo de acuerdos de uso de instalaciones militares no es nuevo en el hemisferio: Washington mantiene arreglos similares con varios países de América Latina y el Caribe como parte de su estrategia regional antinarcóticos. En el caso dominicano, la cooperación con agencias como la DEA y la Guardia Costera de EE.UU. tiene antecedentes de varios años.
Qué sigue
Queda por conocer la duración exacta del convenio, qué instalaciones específicas estarán disponibles y bajo qué condiciones operarán las fuerzas estadounidenses en territorio nacional. El Congreso dominicano tendría que evaluar si el acuerdo requiere ratificación legislativa, un punto que el gobierno no aclaró en el anuncio inicial.
