El Frente Amplio rechaza el decreto que elimina aranceles al arroz importado
La organización política advierte que la medida pone en riesgo a miles de productores dominicanos y cuestiona si la decisión responde a presiones de Estados Unidos.
El Frente Amplio salió a rechazar de frente la derogación de los aranceles al arroz importado, luego de que el Gobierno emitiera el Decreto 635-26, que deja sin efecto el Decreto 693-24 y desmonta el régimen arancelario que protegía la producción nacional de ese grano básico. La organización advierte que la medida expone a miles de productores dominicanos a una competencia externa para la que no están preparados.
La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, fue directa: la decisión no es solo un asunto comercial, es un golpe a la seguridad alimentaria del país.
Un decreto que tenía respaldo técnico
Según el Frente Amplio, el Decreto 693-24 no nació por capricho. Estuvo precedido por una recomendación formal del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), que identificó la necesidad de proteger la producción arrocera y garantizar el abastecimiento nacional.
"El Decreto 693-24 no surgió de manera aislada, sino que estuvo precedido por una recomendación del CONASSAN, sustentada en la necesidad de proteger la producción arrocera y garantizar el abastecimiento nacional. Esa dimensión de seguridad alimentaria debió mantenerse como un elemento central de la política pública", señaló Cabrera.
La organización también levantó una bandera de alerta sobre el contexto en que se toma la decisión: según el Frente Amplio, Estados Unidos había solicitado al Gobierno dominicano eliminar esas medidas arancelarias, lo que en su lectura convierte el decreto en una concesión ante presión externa.
El precio del arroz no bajará solo por abrir el mercado
Uno de los argumentos más concretos que plantea el Frente Amplio apunta directamente al bolsillo del consumidor: eliminar los aranceles al arroz no garantiza que el precio en el mercado baje de forma proporcional. El precio final que paga el dominicano depende también de los precios internacionales, el tipo de cambio, el transporte, los seguros, los costos portuarios, el procesamiento, la distribución y los márgenes de comercialización.
"Advertimos que abrir de manera abrupta el mercado del arroz podía colocar a nuestros productores en una situación de desventaja. Hoy, ante la derogación del decreto, reiteramos nuestra preocupación y llamamos al Gobierno a explicar cuáles son las medidas concretas que adoptará para evitar que la apertura termine debilitando la producción nacional", afirmó Cabrera.
Soberanía alimentaria en juego
Para el Frente Amplio, lo que está sobre la mesa va mucho más allá del precio de una libra de arroz. La organización sostiene que República Dominicana necesita una política integral que permita a sus productores competir a través de mecanización, investigación, nuevas variedades, reducción de costos, financiamiento e infraestructura de riego, no a través de la exposición abrupta a la competencia extranjera.
"Lo que está en juego no es solamente el precio de una libra de arroz. Está en juego la capacidad de República Dominicana para producir sus propios alimentos, preservar miles de empleos rurales y mantener una cadena productiva estratégica. La seguridad alimentaria debe ser considerada un asunto de soberanía nacional", sostuvo Cabrera.
La organización concluyó que la derogación del decreto evidencia lo que considera una subordinación excesiva del Gobierno dominicano frente a las presiones de Washington, especialmente cuando esas presiones entran en conflicto directo con la protección de sectores estratégicos de la economía nacional. El Gobierno no ha respondido públicamente a las críticas ni ha detallado qué medidas compensatorias, si alguna, aplicará para sostener a los productores de arroz afectados.
