Matrícula de estudiantes haitianos sube 716% en 17 años mientras la dominicana pierde 141,500 alumnos
El senador Omar Fernández lanzó cifras que sacuden: 180,000 estudiantes haitianos más en las aulas públicas, 141,500 dominicanos menos, y cada vez más niños sin cupo.
La matrícula de estudiantes haitianos en las escuelas públicas dominicanas creció 716% en apenas 17 años, pasando de poco más de 25,000 en 2007 a más de 205,000 en 2025, mientras que la matrícula dominicana se contrajo en 141,500 alumnos durante el mismo período. Esos números los puso sobre la mesa el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, este lunes al arrancar el año escolar, y exigen, según él, una respuesta urgente del Gobierno.
"Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos", declaró Fernández.
De 1 por cada 100 a 1 por cada 13
El senador detalló que en 2007 había aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos en las aulas. Hoy esa proporción es de uno por cada 13. Y según los datos oficiales que citó en su análisis, el 94.7% del incremento total de estudiantes extranjeros registrado en ese período corresponde a nacionales haitianos.
"Mientras más de 180,000 estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141,500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180,000 estudiantes haitianos más y 141,000 estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad", enfatizó el legislador.
La paradoja que el Gobierno no ha explicado
Fernández apuntó a una contradicción que, a su juicio, el Ejecutivo tiene que responder: si hay menos estudiantes dominicanos y menos matrícula pública, ¿por qué hay cada vez más niños sin cupo en las escuelas?
"¿Cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?", cuestionó.
El senador recordó que en 2022 el Gobierno presentó un programa de bonos y cupones para colocar temporalmente en colegios privados a los estudiantes que no encontraran espacio en la red pública, vendiéndolo como solución transitoria. Tres años después, según Fernández, la cantidad de niños sin cupo se triplicó, al igual que la carga económica del programa sobre el presupuesto del Estado.
Constitución, control migratorio y 20 años de prisión
El senador fue explícito en que no está cuestionando el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana. Su argumento es otro: que ese derecho no puede usarse para justificar la ausencia de una política migratoria ordenada.
"Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana", afirmó Fernández.
En ese contexto, el legislador recordó que desde el Congreso impulsó legislación que penaliza con hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas a cualquier funcionario condenado por trata y tráfico de personas. "Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida", acotó.
Lo que paga el contribuyente dominicano
El cierre del discurso de Fernández fue directo al bolsillo del ciudadano: los padres dominicanos financian con impuestos un sistema educativo que sus propios hijos no pueden absorber, mientras el gasto público crece sin producir, a su juicio, transformaciones estructurales.
"Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo", señaló el senador.
Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a debatir el problema "sin evasiones" y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos. La pregunta que quedó flotando en el aire es cuándo —y si— el Ejecutivo responderá con cifras propias a este análisis.
Con información de robertocavada.com.
