Explotación sexual infantil: Interpol identifica 65,181 víctimas en 75 países y alerta al mundo

La explotación sexual infantil es ya una de las amenazas criminales de mayor alcance mundial, según la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que reveló cifras que sacuden la conciencia: desde 2011, su base de datos especializada ha identificado a 65,181 víctimas menores de edad y a 26,840 presuntos agresores en 75 países. Solo en lo que va de 2026, hasta el 31 de julio, la herramienta había permitido identificar a cerca de 5,800 víctimas infantiles.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, lanzó un llamado urgente a los países para que fortalezcan la cooperación entre sus cuerpos de seguridad. "La protección de los menores requiere no solo perseguir a los responsables, sino también desarrollar mecanismos que permitan identificar rápidamente a las víctimas y brindarles la asistencia y protección necesarias", señaló la organización.

La base de datos que conecta crímenes en el mundo entero

El instrumento clave detrás de estos resultados es la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual Infantil, conocida como ICSE por sus siglas en inglés. La plataforma permite que investigadores de diferentes países comparen información y material digital para establecer conexiones entre víctimas, posibles agresores y lugares donde pudieron haberse cometido los hechos. Actualmente contiene alrededor de 6.7 millones de imágenes y videos utilizados por especialistas para vincular casos.

Un análisis realizado por Interpol junto a ECPAT International sobre la información contenida en esa base de datos reveló un dato que golpea con fuerza: más del 60% de las víctimas no identificadas eran niños prepubescentes, y alrededor del 65% eran niñas. Además, una proporción elevada del material analizado contenía representaciones de actividad sexual explícita, lo que evidencia la gravedad de los delitos investigados.

El mundo digital, el nuevo campo del crimen

El avance de las tecnologías digitales ha abierto nuevos frentes para los criminales. Internet, las redes sociales y las plataformas de comunicación son utilizadas para contactar víctimas, compartir material ilegal y operar desde distintos países al mismo tiempo. Esa dimensión digital obliga a las investigaciones a requerir herramientas especializadas y coordinación permanente entre organismos policiales de diferentes naciones.

Interpol sostiene que ningún país puede enfrentar por sí solo la totalidad de estas amenazas cuando los responsables, las víctimas, los dispositivos y los servidores pueden encontrarse en distintas jurisdicciones. La explotación sexual infantil también está vinculada a otras actividades criminales como la trata de personas, los ciberdelitos y el crimen organizado, lo que complica aún más los esfuerzos de persecución.

Las cifras globales detrás del problema

El contexto internacional es demoledor. En octubre de 2024, UNICEF estimó que más de 370 millones de niñas y mujeres actualmente vivas habían experimentado violación o agresión sexual antes de cumplir los 18 años. Cuando se incluyen otras formas de violencia sexual sin contacto físico, incluyendo modalidades facilitadas por internet, la estimación sube a aproximadamente 650 millones de personas.

Estas cifras dejan claro que el problema no es periférico ni distante: es una crisis de dimensiones globales que exige respuestas coordinadas de instituciones policiales, gobiernos y organismos internacionales. El Día Internacional de la Cooperación Policial de Naciones Unidas de 2026 tiene precisamente como eje la protección frente a la vulnerabilidad y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones policiales.

Qué sigue: cooperación o impunidad

Interpol reiteró su llamado a los países para que compartan información de manera oportuna y eleven la colaboración policial como prioridad estratégica. El desafío, según la organización, no termina con la captura de los responsables: también incluye garantizar que las víctimas sean localizadas, protegidas y atendidas adecuadamente. La organización continuará utilizando sus mecanismos de cooperación y sus bases de datos para apoyar las investigaciones de los países miembros frente a esta creciente amenaza.

En República Dominicana, quienes deseen denunciar casos relacionados pueden comunicarse al número habilitado: (809) 762-5555.