El Estado acusa a 134 empresas por corrupción y lavado de activos

El Ministerio Público ha acusado a 134 empresas y asociaciones sin fines de lucro por corrupción y lavado de activos en ocho procesos judiciales distintos, generando una crisis sin precedentes en el sistema de justicia dominicano: muchas de esas entidades llevan más de dos años sin abogado, y los casos simplemente no avanzan.

De esas 134 personas jurídicas, 84 figuran en los principales expedientes complejos del Distrito Nacional. Las otras 52 están vinculadas a las operaciones Larva y Falcón, relacionadas con presuntas redes de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Los expedientes más explosivos: miles de millones en juego

Los nombres son conocidos. Entre los imputados principales figuran Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, con un fraude atribuido superior a RD$4,796 millones; el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, con presuntas irregularidades de alrededor de RD$6,000 millones; y el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres, con un perjuicio estimado en unos RD$4,500 millones.

El expediente contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero incluye 12 personas jurídicas y una defraudación que supera los RD$19,000 millones. En el caso de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, siete empresas están señaladas por supuestas irregularidades en el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Y en el expediente del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuatro personas jurídicas responden por un fraude estimado inicialmente en RD$15,000 millones. También figura el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim.

La Defensa Pública: 210 defensores para más de 26,000 casos

El problema de fondo es quién defiende a esas empresas si no tienen abogado privado. La Oficina Nacional de Defensa Pública opera con solo 210 defensores y 151 abogados adscritos en todo el país. En 2025 recibió 26,232 casos y trabajó con un presupuesto de más de RD$836 millones, mientras los tribunales penales conocieron 31,325 acusaciones en ese mismo año.

El director de la institución, Rodolfo Valentín, ha sido claro: la Defensa Pública mantiene un déficit de aproximadamente 250 defensores, y no asumirá la defensa de entidades comerciales con activos y pasivos que no se hayan declarado en quiebra, al menos no hasta que el Tribunal Constitucional establezca un criterio definitivo sobre esa obligación.

"Puede ser una estrategia para dilatar el proceso"

El debate divide a los juristas. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, advierte que asumir estos expedientes aumentaría aún más la carga de una institución que ya atiende a miles de personas con escasos recursos. El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, reconoce que ambas partes tienen razones válidas.

Sin embargo, el jurista Carlos Salcedo sostiene que la Constitución no distingue entre personas físicas y jurídicas en materia del derecho de defensa, y que el Estado está obligado a garantizar asistencia legal cuando el imputado no puede costearla. Salcedo también lanzó una advertencia: "No necesariamente no tener defensa implica no tener recursos, sino que puede ser una estrategia para dilatar el proceso."

La exjueza de la Suprema Corte de Justicia, la jurista Ingrid Hidalgo, y el exjuez Hiroito Reyes coinciden en que la falta de representación puede usarse como mecanismo para retrasar los procedimientos. Hidalgo admitió que, en ocasiones, los abogados pueden abandonar a una persona jurídica deliberadamente para introducir incidentes procesales.

Casos paralizados por más de dos años

La situación ya tiene víctimas concretas en el expediente judicial. Empresas como Único Real State, RG&S Soluciones Financieras, Asociación Campesina Madre Tierra, Ministerio Jesús Vino, Vive, Vuelve, Agencia de Cambio Estrella, F & F Ezel Import e Inprosol SRL llevan más de dos años con sus procesos estancados por falta de representación legal. La abogada Laura Acosta informó que la Defensa Pública fue notificada para asumir la representación de Inprosol SRL, pero no había respondido al momento en que se aplazó una audiencia sobre el tema.

El debate sigue abierto. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la decisión que definirá si el Estado dominicano está obligado a pagar abogados a empresas acusadas de robarle miles de millones al erario, o si esa responsabilidad recae en otro lado. Hasta que esa respuesta llegue, docenas de procesos por corrupción y lavado de activos seguirán paralizados.