Caso Senasa 2.0 deja 8 presos preventivos y Camacho advierte: "No presten sus códigos"
El juez impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los 26 imputados y declaró complejo el proceso; 22 médicos figuran entre los acusados.
El caso Senasa 2.0 cerró este lunes 28 de septiembre su audiencia de medidas de coerción con un resultado contundente: ocho imputados irán a prisión preventiva por 18 meses, y el procurador adjunto Wilson Camacho aprovechó la jornada para lanzar una advertencia directa al gremio médico del país.
"Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos. Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal", dijo Camacho al concluir la vista.
8 imputados van a prisión, 9 a arresto domiciliario
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los 26 imputados y declaró el proceso como complejo. Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista serán recluidas en Najayo Mujeres.
Otros nueve imputados quedaron bajo arresto domiciliario: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Garantías económicas de hasta RD$3 millones para otros acusados
A Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo se les impuso una garantía económica de RD$2 millones, más arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Martha María Saldaña Saldaña deberá cubrir RD$3 millones en garantía, además de arresto domiciliario e impedimento de salida.
José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron una garantía económica de RD$1 millón cada uno, junto con impedimento de salida y presentación periódica ante las autoridades.
Camacho: "Vamos a ir por más"
Camacho calificó la decisión del juez Sena como razonable y como un reconocimiento a la solidez de la investigación. "Todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad por la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. Este es un reconocimiento ahora del juez de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público", expresó.
El funcionario dejó claro que el expediente no se cierra aquí. "La investigación sobre lo sucedido en Senasa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más", afirmó. Además, planteó que la experiencia sirva de base para una campaña dirigida a los profesionales de la salud, alertándolos sobre los riesgos de ceder sus códigos a terceros.
¿Qué es el caso Senasa 2.0?
También conocida como Operación Cobra 2.0-A, esta investigación es la segunda fase de un proceso que apunta a presuntas irregularidades y corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Según el Ministerio Público, la presunta red habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que nunca se realizaron, la suplantación de identidades de afiliados y el acceso indebido a bases de datos de la aseguradora estatal.
El caso arrancó a partir de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, relacionada con irregularidades en autorizaciones de servicios médicos. El 18 de septiembre, el Ministerio Público ejecutó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con decenas de arrestados. De los 26 imputados, 22 son médicos, y Camacho subrayó que sin el préstamo de esos códigos profesionales, el presunto esquema no habría podido operar.
Lo que queda por definir es el alcance total del fraude: las investigaciones siguen abiertas y el Ministerio Público prometió continuar las pesquisas.



