Juez dicta arresto contra 16 médicos involucrados en el caso Cobra 2.0
El magistrado Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para 7 y arresto domiciliario para 11; otros 6 recibieron medidas alternativas y 2 quedaron libres de toda coerción.
Un juez ordenó arresto en cárcel y domiciliario para 16 médicos implicados en el caso Cobra 2.0 la noche del domingo 27 de septiembre, en lo que representa el capítulo más duro de la segunda fase de la investigación sobre fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El magistrado Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, subió al estrado a las 9:05 de la noche y dio a conocer su decisión poco antes de las 10:00 de la noche.
Quién va preso, quién a casa y quién sale libre
El desglose de las medidas coercitivas quedó así: 7 personas irán a prisión preventiva, 11 cumplirán arresto domiciliario, y otros 6 enfrentarán garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Solo 2 de los implicados quedaron sin ninguna medida coercitiva.
La cifra total de afectados llega a 24 personas si se cuentan los que recibieron medidas alternativas y los que salieron sin restricciones, una muestra de la magnitud que ha alcanzado el caso Cobra 2.0.
Los acuerdos que ya se firmaron
El Ministerio Público había anunciado previamente que cerca de 10 implicados llegaron a acuerdos con las autoridades y admitieron los hechos, lo que explica en parte que varios de los señalados recibieran medidas menos severas o quedaran libres de coerción.
Este proceso es la continuación directa del escándalo original de SeNaSa, en el que una red de médicos y gestores habría facturado servicios falsos o inflados al sistema público de salud, afectando los fondos que son del bolsillo de todos los cotizantes dominicanos.
Qué sigue en el proceso judicial
Con las medidas coercitivas establecidas, la causa avanza hacia la fase de instrucción formal, donde el Ministerio Público deberá presentar el expediente completo ante un juez de instrucción. Los acuerdos ya firmados por los 10 implicados que cooperaron podrían convertirse en prueba clave contra quienes decidieron no colaborar y hoy enfrentan prisión preventiva.
